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El Parlament de Baleares no podrá leer una declaración institucional para rechazar las "actitudes machistas" del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al no contar con la unanimidad de los partidos políticos presentes en la cámara autonómica, dado que Vox ha optado por presentar un manifiesto propio.

A las 9.30 horas, Vox ha convocado a los medios para leer un texto "en apoyo a las mujeres agredidas tras la polémica generada" en torno a Rubiales. Lo hará fuera de la sesión plenaria, en un acto particular en el Salón de Pasos Perdidos, ya que para hacerlo como declaración institucional es necesaria la unanimidad de todo el hemiciclo.

Vox considera "incompleto" el manifiesto propuesto por el PSIB sobre este asunto, "porque faltan muchísimas referencias a situaciones en las que realmente las mujeres han padecido agresiones y han sido abandonadas por las instituciones públicas". El texto de Vox incluye alusiones a "todo el problema que ha ocasionado la ley del sí es sí" y a las menores tuteladas que han sufrido explotación sexual, según explicaba Idoia Ribas en una rueda de prensa.

Mientras, el PSIB ha promovido un texto de condena a "las actitudes machistas" de Rubiales que leerá a las 09.45 horas en el mismo lugar, y ha considerado la ausencia de Vox "un problema serio". Tanto PSIB como Vox han invitado al PP a sumarse a sus convocatorias pero fuentes de los 'populares' han indicado que han propuesto modificaciones a ambos textos y, en caso de aceptarse, los firmarían, por lo que hasta primera hora del martes no comunicarían las decisiones adoptadas.

No obstante, desde el PSIB han afirmado que cuentan con la adhesión del PP a su manifiesto y que participarán en la lectura del mismo a las 09.45 horas. "Llama la atención que los socios del Govern hagan declaraciones solos", declaraba Negueruela.

PRIMERA SESIÓN DE CONTROL AL GOVERN DE PROHENS

Por otro lado, el Govern de la 'popular' Marga Prohens afronta este martes su primera sesión de control en el Parlament, en una sesión que tratará una variedad de temas, como vivienda, salud y los compromisos electorales.

La sesión empezará a las 10.00 horas con la jura o promesa de nuevos diputados tras las salidas de Quim Torres (PSIB) y Sandra Fernández (PP). En su lugar, se incorporan al hemiciclo Ares Fernández y Pedro Manuel Álvarez, respectivamente.

Después, será el turno de las preguntas de control parlamentario a los consellers del Govern. La masificación turística, la vivienda, la supresión de la oficina anticorrupción y las medidas de fidelización de sanitarios serán algunos de los asuntos por los que preguntarán los grupos de la izquierda, mientras que Vox --partido que mantiene un acuerdo programático con el Govern-- se interesará por las menores tuteladas y los problemas de infraestructuras educativas, entre otros temas.

Entre los temas de la sesión de control se cuela también la actuación del director general de Emergencias, Sebastià Sureda, el pasado 27 de agosto durante el temporal, al hilo de una pregunta del PSIB, que pidió su dimisión por estar "tomando café" durante la tormenta.

Además, el PSIB preguntará a la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, si cumplirá el punto 55 del acuerdo programático de Govern --que hace referencia a garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el
acceso a la función pública--.

Sobre esa misma cuestión incidirá el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en su pregunta a la presidenta, mientras que el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells (Grupo Mixto) planteará a Prohens si pretende aplicar el programa "del PP o el de Vox".

Por su parte, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, pedirá a Prohens que valore las acciones de sus primeros meses de gobierno, una pregunta similar a la de la portavoz de Vox, Idoia Ribas, si bien ésta pondrá el acento en el pacto de investidura.

Acabada esta parte, el Grupo Socialista interpelará al Govern por su política de transición ecológica; y después se debatirán dos proposiciones no de ley, una sobre el reconocimiento de los descendientes de los judíos en Mallorca y otra sobre vivienda pública. La última, presentada por el PSIB, pretende instar al Govern a formalizar la compra de viviendas de Metrovacesa, que el Ejecutivo echó atrás en julio por presuntas irregularidades