De los dos abogados de Vox personados en la causa ha sido Fernández el primero en estrenarse, y lo ha hecho rechazando todos los argumentos que expusieron las defensas para solicitar la nulidad del procedimiento por vulneración de derechos fundamentales.

Fernández -acompañado en esta defensa por el secretario general del Vox, Javier Ortega Smith-, ha rechazado también que suponga una vulneración de derechos el mantenimiento de la organización criminal aunque no fuera incluido en el catálogo de delitos del auto de procesamiento dictado en su día por el instructor del caso, Pablo Llarena.

"El auto de procesamiento no condiciona la calificación jurídica de los hechos, no se debe entrar ahora a debatirlo", ha indicado el letrado en este punto.

El abogado ha defendido que lo ocurrido en Cataluña en otoño de 2017, que ha calificado de "alzamiento", puede encajar perfectamente en el tipo penal de rebelión al constituir un alzamiento público y violento contra el orden jurídico vigente.

También ha argumentado, al igual que había hecho momentos antes la Fiscalía, que la ley impide que el rey -reclamado como testigo por varias defensas- pueda declarar como testigo en una causa judicial. Ha añadido que dada su inviolabilidad, declarada en el artículo 56 de la constitución, su testimonio nunca podría valorase como prueba de cargo y descartgo para dictar sentencia.

Durante su intervención, que ha sido de perfil bajo, el representante de la acción popular ha rechazado las dudas de imparcialidad planteadas por la defensas respecto del instructor Llarena.

No obstante, se ha mostrado en contra de determinadas resoluciones del Tribunal Consitucional, por admitir a trámite los recursos de amparo presentados por los procesados por rebelión. Con independencia de que alguno de estos recursos finalmente se han rechazado, el abogado de Vox considera que no se debió ni entrar en el fondo.

Sobre la libertad de expresión de los líderes independentistas, denunciada por vulnerada por las defensas, Fernández ha señalado que se encuentra sometida a los límites que impone la seguridad nacional y la integridad territorial. Así lo asevera, según este letrado el propio Convenio de Roma de 1950.

Finalmente, y en relación con sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que dio la razón al líder opositor kurdo Demirtas, aludida de forma reiterada por las defensas para solicitar la excarcelación de los nueve exmandatarios catalanes en prisión, Vox ha señalado que éste no tiene nada que ver con unos responsables políticos que ejercían el gobierno en una comunidad autónoma".