Romero ha hecho estas declaraciones tras las manifestaciones del delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, en las que dijo que "lo mejor que podría pasarle a la democracia española es que la actividad política de Vox desapareciera". Alude a la decisión de la Fiscalía de elevar al Tribunal Supremo sus diligencias de investigación contra la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por presunto delito de odio en un acto celebrado por la misma ante un centro de menores extranjeros no acompañados (MENA) de Sevilla,

Frente a las declaraciones de Lucrecio Fernández, Reyes Romero ha manifestado en un comunicado que "el partido político que debería desaparecer por higiene democrática es el PSOE, un partido criminal que ha cometido todo tipo de delitos desde hace casi un siglo, que ha convertido la corrupción en su modus vivendi, pervirtiendo las instituciones mientras ha gobernado, y que no duda en pactar con los enemigos de España para alcanzar el poder".

"He acudido a un acto público en el que pretendía coincidir con el Fernández para que me explicara por qué Vox debería desaparecer, que (a su juicio) es lo mismo que decir que deben desaparecer cuatro millones de españoles, personas que defienden el orden constitucional, la libertad, la bajada de impuestos y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos", dice la diputada de Vox.

Avisa asimismo de "la psicosis que existe dentro del PSOE por llamar la atención de Pedro Sánchez, en una especie de competición por ver quien dice la barbaridad más grande en la espiral desquiciada en la que se ha instalado la izquierda para crispar a la sociedad y mantener a Vox en el objetivo, además de intentar garantizarse su puesto cosa que, al parecer, no tiene garantizado".

La también vicepresidenta de Vox Sevilla ha aseverado que "resulta especialmente grotesco que sea el PSOE el que exprese su deseo de que desparezca un partido democrático, después de haber cometido todo tipo de crímenes en su historia, teniendo el dudoso honor de haber perpetrado el mayor caso de corrupción de Europa, el caso de los ERE", en referencia a la sentencia sobre el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas, que condena al expresidente de la Junta José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación, además de a otros tantos exresponsables socialistas de la Administración andaluza.