En un auto en el que acuerda continuar las diligencias contra ellos por un presunto delito de odio, recogido por Europa Press, la magistrada considera que los políticos hicieron público un manifiesto el 3 de octubre de 2017 durante el 'paro de país' que "contiene una conminación expresa que incita al odio y a la discriminación".

En el escrito, afirma que el manifiesto, a su juicio, excedería el derecho a la libertad de expresión ya que "se enfocaba contra el colectivo de agentes de la Policía Nacional no por el hecho de ser policías, sino 'policía española", incurriendo en un delito por discriminación y odio basado en el origen nacional del sujeto.

En esas fechas, un centenar de agentes de la Policía Nacional se alojaba en el Hotel Gaudí de Reus tras desplazarse a Cataluña desde otras comunidades para participar en la operación Copérnico para impedir el 1-O, y recibieron numerosas muestras de rechazo de los vecinos, que les tiraron pintura, les insultaron y se concentraron ante el inmueble con consignas como 'fuera las fuerzas de ocupación'.

En ese contexto, el 3 de octubre partidos y asociaciones independentistas convocaron una manifestación y en la plaza Mercadal, donde está el Ayuntamiento, se dio lectura a un manifiesto firmado por el alcalde y los concejales en los que se instaba a los hoteleros "a que hagan todo lo necesario para que de manera inmediata dejen de alojarse en sus establecimientos y abandonen" la ciudad.

Posteriormente, la concentración, que aglutinó a entre 3.000 y 4.000 personas, se dirigió al Hotel Gaudí gritando consignas contra los policías y "con la clara intención y voluntad de expulsarlos de Reus", y posteriormente esa misma tarde llegó hasta allí otra manifestación convocada en la ciudad.

Para la juez, se trata de "actos de hostigamiento, hostilidad y acoso" protagonizados por algunos ciudadanos de Reus, alentados en muchas ocasiones desde redes sociales y por las manifestaciones de responsables políticos, que obligaron a los agentes a marcharse antes de lo previsto de los hoteles y que les generó sentimientos de humillación, angustia y menosprecio.

En el auto, la magistrada rechaza el argumento que dieron los investigados de que fue una 'mera declaración de intenciones' que no pasó por el Pleno del Ayuntamiento, y considera que de las manifestaciones "se infiere que la intención era la de alentar e incitar a la población para que expulsaran a los policías", aumentando y agravando la tensión ciudadana y la animadversión hacia ellos.

ARCHIVOS

El Juzgado, por otra parte, archiva la causa contra otros dos concejales que participaron en concentraciones contra la presencia policial en el hotel, al concluir que no queda probado que incurrieran en un discurso de odio.

También se archiva el procedimiento contra el dueño y un empleado de un gimnasio que pidieron a los policías no seguir acudiendo a su establecimiento, porque solo lo hicieron por "temor de pérdida de clientes" ante la presión de otros usuarios, y a nueve bomberos de la Generalitat que se manifestaron con sus uniformes.