La propia YPF ha informado del inicio de este procedimiento judicial con motivo de la presentación de sus cuentas del primer trimestre ante el supervisor del mercado estadounidense, la SEC, en las que se aprecia un descenso del 24% en el beneficio, hasta 2.109 millones de pesos argentinos (206 millones de euros).

   Fuentes del Grupo Petersen, perteneciente al empresario argentino Enrique Esquenazi, explicaron a Europa Press que, si bien la demanda aparece formulada por las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, la sociedad "está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior".

   De hecho, los impulsores de la demanda aclaran en una nota que la acción judicial se inicia en el contexto de los procesos de liquidación por insolvencia de estas dos sociedades y conforme a "la autoridad de la Justicia española", con el objetivo de "satisfacer las deudas de las entidades".

   En estas circunstancias, los abogados han decidido "presentar un litigio de miles de millones en dólares" en Nueva York en contra de YPF y del Gobierno argentino "en relación con las pérdidas de las entidades de Petersen como consecuencia de su participación del 25%" en la petrolera argentina antes de la expropiación.

   Burford Capital Limited financiará las denuncias internacionales, en las que se contará con el apoyo de los bufetes King & Spalding y Kellogg Huber Hansen Todd Evans & Figel.

   La denuncia, presentada el pasado 8 de abril en Nueva York, no afecta al acuerdo que en su momento suscribió Repsol con el Gobierno argentino para resolver la expropiación, por el que la compañía española recibió una indemnización y renunció a cambio a los distintos frentes judiciales abiertos.

   Los abogados de la firma consideran que el Gobierno argentino ha cometido una violación de los estatutos de YPF y de su folleto inicial de salida a Bolsa, según los cuales una eventual expropiación conllevaba la obligación de que el Estado argentino lanzase una oferta de compra por el 100% de la compañía.

YPF NO VE FUNDAMENTO.

   Tras analizar la denuncia, YPF considera que "no tiene fundamento" y asegura que "defenderá con vigor sus intereses", al tiempo que informa de que por el momento no dispone de elementos suficientes para cuantificar el importe que podrían reclamar los representantes del Grupo Petersen.

   El empresario Enrique Eskenazi había desembarcado en 2008 en YPF, gracias a un acuerdo con Repsol que le permitió hacerse con el 25% de la compañía y que sirvió para integrar en el accionariado a un socio argentino de referencia.

   Para hacerse con la participación, el Grupo Petersen suscribió varios préstamos tanto con Repsol como con un sindicato de bancos compuesto por Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa.

IMPAGOS DE LAS FILIALES DE PETERSEN.

   En mayo de 2012, apenas un mes después del anuncio de la expropiación de YPF, el Grupo Petersen empezó a impagar los créditos con los que había entrado en el capital de la petrolera argentina, lo que hizo que los bancos y Repsol acabasen asumiendo de forma proporcional su participación en la petrolera, ya que las acciones se encontraban pignoradas.

   De hecho, estos impagos hicieron que Repsol tuviese que asumir de forma sobrevenida ese mismo año un 5,38% de YPF, que elevó al 11,38% su participación tras la expropiación del 51%. Esta posición permitió a la compañía española mantenerse en el consejo de administración de YPF, hasta su salida definitiva hace más de un año.

   El Grupo Petersen explica que, tras la toma de control de YPF por parte del Estado argentino, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora "procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ninguna tenencia accionaria en YPF".