"Estoy preocupado por las presiones efectuadas a través del sistema judicial contra la oposición política, liderada por Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país por decisión de la misma", ha advertido García-Sayán en un comunicado.

El experto ha instado a las autoridades venezolanas a "respetar, promover y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura", lo que pasa por que jueces y fiscales del país sudamericano "mantengan su independencia ante presiones indebidas y respeten la Constitución y los tratados de Derechos Humanos".

El relator, que ha trasladado sus inquietudes al Gobierno de Nicolás Maduro, ha citado como ejemplos de utilización partidista del sistema judicial unas declaraciones pronunciadas por el fiscal general, Tarek William Saab, el 29 de enero, seis días después de que Guaidó se autoproclamase "presidente encargado" de Venezuela.

El anuncio público del inicio de un proceso formal contra Guaidó podría socavar el derecho a su presunción de inocencia, al "dar a entender" que el presidente de la Asamblea Nacional "habría cometido actos ilícitos sin que estuviese en marcha una investigación al respecto", según un comunicado.

"Una administración de justicia equitativa, independiente e imparcial requiere que los fiscales desarrollen sus funciones de manera ecuánime y evitando todo tipo de discriminación política", ha subrayado García-Sayán.

PODER JUDICIAL "INDEPENDIENTE E IMPARCIAL"

El relator ha recordado a Venezuela que "el Estado no dispone de un margen de absoluta discrecionalidad", por lo que debe organizar un aparato administrativo "compatible" con las organizaciones internacionales. Esto pasa por "garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos".

Conforme a los tratados suscritos, "Venezuela tiene la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole que sean necesarias para el establecimiento de un poder judicial independiente e imparcial y la adecuada administración de la justicia", ha apostillado García-Sayán en su nota.

Diputados europeos e iberoamericanos

, incapaces de pactar un texto conjunto por

divergencias sobre Venezuela

La Asamblea Parlamentaria Euro-latinoamericana (EuroLat) ha concluido su reunión de dos días el 27 y 28 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, sin una declaración conjunta de sus dos copresidentes, como es habitual, por las divergencias sobre Venezuela entre ambos bloques.

Una mayoría de eurodiputados sí ha respaldado el texto sobre Venezuela de la declaración conjunta, que ha sido rechazado por la parte latinoamericana, así como por el grupo de la Izquierda Europea y los Verdes de la Eurocámara.

En el texto, se rechazaba "tajantemente cualquier agresión o intervención armada sobre Venezuela" y se apelaba a una salida a la crisis "pacífica y democrática", que pasara por "la celebración de elecciones libres, creíbles y transparentes".

También lamentaban el bloqueo de la ayuda humanitaria "necesaria e imprescindible" para Venezuela desde Colombia y pedían "la colaboración internacional", así como "la expulsión de una delegación de cuatro eurodiputados europeos el pasado día 17 de febrero" de la que formaban parte los eurodiputados del PP Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca y Gabriel Mato y su colega holandesa Esther de Lange, que pretendían reunirse con el presidente 'encargado' Juan Guaidó.

"Sentimos gran frustración, pero hay momentos en los que hay que tomar posiciones. No vale una declaración abstracta o palabrería inútil", ha explicado a Europa Press el copresidente de la EuroLat por parte europea, el eurodiputado del PSOE, Ramón Jáuregui, desde Santa Cruz de la Sierra.

Los diputados de Cuba, México, Bolivia, Uruguay, han rechazado el llamamiento a nuevas elecciones y han pedido que el texto se limitara a respaldar esfuerzos de diálogo y mediación en Venezuela, al tiempo que han rechazado que ayuda humanitaria sea "necesaria" si no hubiera las sanciones económicas de Estados Unidos y su posición inflexible ha acabado arrastrando al conjunto del bloque latinoamericano, que pidió publicar el resto de la declaración conjunta, que en total constaba de 21 puntos y versaba de muchos otros asuntos, algo que rechazó la parte europea, según fuentes parlamentarias.

Del bloque europeo, sólo las eurodiputadas de la Izquierda Europea, Marina Albiol (IU), y de los Verdes, Ana Miranda (BNG), rechazaron el texto propuesto sobre Venezuela.

Jáuregui ha explicado que se trataba de un texto "de mínimos" teniendo en cuenta la posición oficial de la Eurocámara reflejada en su resolución del 31 de enero, aprobada por 439 votos, 104 en contra y 88 abstenciones, así como la posición "más rotunda" de otros grupos como el Partido Popular Europeo (PPE) y ha insistido en que era preferible que no hubiera texto conjunto en esta situación.

Los eurodiputados del PP que participaron en la reunión, Luis de Grandes, Agustín Díaz de Mera y Verónica Lope, han arremetido contra IU y BNG y han insistido en "no ser cómplices de la hipocresía y la crueldad que subordina la ideología a la verdad irrefutable de lo que ocurre en Venezuela".

Así, han cerrado filas con el texto propuesto, incluida la mención a la expulsión de sus colegas de partido, porque "no se refería a ideas políticas sino a valores que deberían ser compartidos por todos" como "la defensa y la solidaridad hacia las víctimas del régimen de Nicolás Maduro", es decir,
"todos los venezolanos que se encuentran hambrientos, enfermos y encarcelados por las políticas desarrolladas por su régimen y por su negativa a ningún tipo de cambio".