El exdirector general de Presupuestos y actual miembro de la Sindicatura de Cuentas Bernat Salvà, quien ha sido interrogado como testigo por el juez José Castro en torno a la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para elaborar el anteproyecto de una Ópera que nunca llegó a ser construida, ha afirmado que fue el expresidente del Govern Jaume Matas quien dio la orden directa de contratar al ingeniero valenciano y quien, además, fijó el precio para ello: 1,2 millones de euros públicos.

   Así lo ha puesto de manifiesto ante el magistrado, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y varios letrados personados en el procedimiento, en el marco de la ronda de declaraciones iniciada este lunes en relación a las presuntas irregularidades que rodearon a la adjudicación a Calatrava del anteproyecto para ejecutar un palacio de la Ópera en la Bahía de Palma, que nunca llegó a ver la luz y que fue proyectado al término de la última legislatura de Matas (2003-2007).

   En su comparecencia, el testigo ha señalado que el expresidente balear dio la orden a través de su exconseller Francesc Fiol, quien transmitió las instrucciones al Consejo de Administración del Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), organismo que tramitó la contratación del arquitecto.

   Durante este lunes han sido interrogados un total de seis testigos, mientras que este martes declararán otros diez, entre los que se encuentran numerosos proveedores que intervinieron en la preparación del proyecto para la construcción de la Ópera, y quienes cargaron diversas facturas al Govern por trabajos que presuntamente no llegaron a ejecutarse.

   También declararán la que fuera secretaria general técnica de la Conselleria de Vicepresidencia en la última legislatura de Matas, Jane King, y el exconseller de la Generalitat Valenciana y director del estudio de Calatrava, Fernando Villalonga.

   En el marco de estas pesquisas, que constituyen la pieza número 3 del caso Palma Arena, Castro archivó el pasado mes de julio la imputación tanto de Calatrava como de Francesc Fiol, conseller de Educación y Cultura bajo el mandato de Matas, mientras que acordó mantener el encausamiento del expresidente del Govern.

   Sobre Matas pesa por estos hechos una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros, impuesta a petición de la Fiscalía Anticorrupción ante los posibles perjuicios económicos que se derivaron de la contratación de Calatrava. Las acusaciones apuntan a que el exministro habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.