Esta nueva campaña contra los funcionarios kurdos se ha producido de forma paralela con el arresto de miles de personas acusadas de tener vínculos con el clérigo islamista Fetulá Gulen, al que Erdogan acusa de haber orquestado el fallido golpe de Estado del 15 de julio. Gulen, por su parte, ha negado en todo momento su implicación en el golpe de Estado.

Las autoridades turcas han informado este jueves de la suspensión de 11.500 profesores por su presunta relación con el PKK. El pasado fin de semana, el primer ministro turco, Binali Yildirim, visitó el sureste del país y en un discurso declaró que hay unos 14.000 profesores con vínculos con la organización kurda.

Por otra parte, varios medios de comunicación informaron este miércoles que el Gobierno había designado a administradores para que se hicieran cargo de dos municipios de la provincia de Diyarbakir, en el sureste del país, que estaban controlados por un partido político pro-kurdo. La oficina del gobernador de Diyarbakir ha desmentido esas informaciones.

OLA DE REPRESIÓN

Erdogan ha declarado en numerosas ocasiones que no escatimará esfuerzos en su lucha contra el PKK y contra los seguidores de Gulen, pertenecientes al movimiento religioso Hizmet.

"Hemos llevado a cabo y estamos llevando a cabo una de las operaciones policiales más grandes de la historia contra el PKK, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", ha declarado el presidente turco. "Independientemente de si la lucha es contra Gulen o contra el PKK, lo esencial es eliminar a estas personas de nuestra burocracia, que es una extensión del Estado", ha añadido.

En la ola de represión contra los seguidores de Gulen desde el golpe de Estado, las autoridades han detenido a más de 40.000 personas y arrestado formalmente a alrededor de la mitad de ellas. Además, unas 80.000 personas de la judicatura, la Policía y funcionarios han sido apartados de sus cargos.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación ante el número de arrestos y de funcionarios suspendidos. Muchos sectores alegan que el presidente Erdogan está utilizando el fallido golpe de Estado como un pretexto para acabar con cualquier disidencia.

A pesar de la oleada de arrestos que se han producido tras la asonada militar, el Gobierno turco ha continuado su ofensiva contra el PKK, cuya actividad se concentra en el sureste de Turquía.

Más de 40.000 personas, la mayoría de ellas kurdos, han muerto desde que el PKK se alzó en armas hace más de 30 años. El PKK es considerado como una organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.

El gobernador de Diyarbakir niega que hayan

sido cesados dos alcaldes prokurdos

El gobernador de la provincia turca de Diyarbakir, situada en el sureste del país, ha negado este jueves que hayan sido cesados dos alcaldes prokurdos que gobiernan en dos de las municipalidades de la región.

"Las noticias sobre la toma de alcaldías en Diyarbakir no reflejan la verdad. No ha habido nombramientos así en esta fase. Si hay un nombramiento, se publicará un comunicado", ha informado el Gobierno regional de Diyarbakir, en una nota de prensa.

Horas antes, varios responsables de los servicios de seguridad han informado a las agencias Dogan y Anatolia de que el Gobierno ha nombrado a administradores para relevar a los alcaldes del partido prokurdo por su supuesto apoyo a milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Diyarbakir es una de las provincias del sureste turco, una zona con mayoría de población kurda.