Los tres vocales han emitido un voto particular, recogido por Europa Press, a la decisión adoptada por la Comisión Permanente de este mismo miércoles, que ha consistido en postergar esa admisión para incluir unas palabras del diputado de ERC Gabriel Rufián contra el magistrado Manuel García Castellón.

Cabe recordar que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acudió inicialmente al CGPJ pidiendo amparo por unas declaraciones del entonces 'número dos' de Justicia, Tonxtu Rodríguez, en una entrevista de radio y otras de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa.

El CGPJ admitió a trámite esa petición inicial al considerar que "existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición". Una vez recibidas las alegaciones de Rodríguez y Plaja, el asunto se someterá de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

El órgano de gobierno de los jueces ha aclarado este miércoles que la tramitación de este primer amparo seguirá adelante "hasta el momento en que haya que dictar una resolución, que igualmente deberá posponerse hasta que la Sala Segunda del alto tribunal se pronuncie sobre su competencia para tramitar ese procedimiento".

Sin embargo, respecto a la ampliación del amparo relativa a Rufián, la Comisión Permanente ha optado por aplazar la decisión sobre la admisión a trámite a la espera del Tribunal Supremo.

EL ARGUMENTO DE LOS VOCALES

Los vocales que han emitido el voto particular aseguran, sin embargo, que "no hay hecho nuevo alguno que permita suspender la decisión del procedimiento de amparo ya iniciado, o la admisión a trámite de la ampliación solicitada hasta el momento en que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la exposición razonada elevada por García Castellón y se determine el órgano competente".

"Ello es así por cuanto, aunque el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional hubiera dejado de conocer el asunto, no por ello existiría a una pérdida sobrevenida de objeto, porque ello equivaldría a afirmar, sin base legal alguna, que el amparo sólo se puede conceder en un determinado lapso, pese a que el daño o injerencia en la independencia judicial se hubiera consumado y permaneciera en el tiempo", sostienen.

A su juicio, "tanto menos sucederá si el Juzgado de Instrucción sigue siendo competente, como lo es, en tanto en cuanto el Tribunal Supremo no admita su competencia". "Competencia que, por lo demás, no necesariamente se habría de extender a la totalidad de la causa al existir también implicados no aforados, a tenor de la consolidada jurisprudencia de la Sala Segunda", añaden.

En esta línea, inciden en que no "se puede sostener que exista una causa legal de suspensión del expediente administrativo de amparo". "El acuerdo del que discrepamos no cita ningún precepto legal en el que apoyar dicha suspensión. Entendemos por tanto que el acuerdo debería haber consistido, en primer lugar, en admitir la ampliación del amparo solicitada por el García Castellón para, por lo demás, no incurrir en contradicción con la admisión de la pretensión inicial", aducen.

Por último, consideran que se debería "haber continuado con la tramitación del expediente ya iniciado, en lugar de adoptar una suspensión sujeta, a su vez, a plazo suspensivo". "Todo ello", concluyen, "en un contexto de grave cuestionamiento generalizado del quehacer judicial".