Según ha informado Gestha en un comunicado, la decisión del Rey --que se llevará a cabo a partir del ejercicio de 2015-- "es un gesto de transparencia". Eso sí, han avisado de la importancia de que se garantice la independencia de los técnicos, motivo por el que han anunciado que "estarán atentos para conocer la letra pequeña del convenio" que la institución monárquica firme con la Intervención General del Estado (IGAE), organismo que llevará a cabo dicha auditoría.

   Para los Técnicos de Hacienda el acuerdo "debería, entre otras cosas, regular qué tipo de auditoría se realizará (de cuentas, de legalidad, eficacia y eficiencia, etc.)", establecer "si el alcance del examen será completo o limitado" y ver "la forma en que se designen los equipos auditores".

   Asimismo, cree que el informe anual de cuentas debería seguir el modelo de la Casa Real Británica, en el que se aportan detalles de todo tipo de gastos. De igual modo, valoran positivamente que el resultado de la auditoria sea publicado conjuntamente con el informe anual de las cuentas.

   Además, para que las medidas anunciadas supongan un paso firme hacia una mayor transparencia y no se conviertan en una medida más "de cara a la galería", los Técnicos ven necesario modificar el artículo 65 de la Constitución española, de forma que el sueldo del monarca y demás miembros de la Casa Real los fije el Parlamento.

CRITICAN EL DESVÍO DE AUDITORÍAS A EMPRESAS

PRIVADAS

   No obstante, como paso previo a la realización de la auditoría externa, ha señalado que es necesario resolver la situación actual de la IGAE, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya dictado una Orden por la que declara la "insuficiencia" de medios del organismo y le autoriza a recabar la ayuda de empresas privadas para realizar algunas auditorias previstas.

   Gestha, que agrupa a más de 8.000 profesionales, considera esta "externalización" un "dispendio" de recursos públicos, ya que "se desaprovecha la experiencia y capacidad de cerca de millar de técnicos de auditoría que trabajan en la Intervención del Estado". Además, han denunciado que esta externalización de servicios no es algo nuevo, sino "una práctica desde hace más de una década y que va a generar sólo entre 2013 y 2017 unos gastos innecesarios para el erario público de 3,6 millones de euros".

   Según el portavoz de Gestha, Manuel Redal, "muchos técnicos auditores con experiencia y veteranía en el ejercicio de su profesión han visto cómo se les han reducido las funciones y competencias en favor de las grandes firmas de la auditoría privada".

   En su opinión, es "contradictorio" que la Ley de Auditoría de Cuentas reconozca a los Técnicos de Auditoría el trabajo y la formación necesaria para ser auditores privados y, en cambio, "se pongan cortapisas para el ejercicio de su profesión" dentro de la Administración Pública.

   Finalmente, para mejorar la transparencia de las Administraciones Públicas, los Técnicos del Ministerio de Hacienda reclaman un aumento de la plantilla y de los medios de la IGAE que imprima un mayor control a la eficiencia del gasto y a la actividad de los gestores públicos, entre otras medidas.