Quienes defienden la legalización de la práctica del aborto consideran que la destrucción física del feto es defendible como un presunto "derecho humano" de la mujer. No obstante, la historia y el sentido común ponen de manifiesto que nos encontramos ante otra nueva y peligrosa manipulación del lenguaje.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió tras la locura genocida de la Segunda Guerra Mundial. La experiencia del nazismo "junto a la del comunismo estalinista- reveló la monstruosa degradación de ciertas naciones y élites gubernamentales, las cuales llegaron a considerar que algunas personas no tenían derecho a existir por pertenecer a una determinada raza o clase social. Como remedio a esta aberración jurídica y moral, la ONU elaboró un documento donde se enumeraron los derechos que todo ser humano tenía por el mero hecho de serlo, de acuerdo con su inherente dignidad, y por ello se les calificó de "humanos".

La Declaración, fuente inspiradora de nuestra vigente Constitución, muestra las vías para evitar que se reproduzcan estas atrocidades. Nadie tiene derecho a ser discriminado por ninguna circunstancia personal o social (artículo 2), entre las que se incluyen el mayor o menor grado de desarrollo embrionario. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 6), incluso aquellos que aún no han nacido. Y nadie puede interpretar torticeramente el texto de dicha Declaración para eliminar otros derechos reconocidos en la misma (artículo 30), entre los que se encuentra el respeto a la vida y a la integridad física.

A pesar de estos preclaros principios, el planteamiento perverso que sirvió de base a los regímenes totalitarios se reproduce en la actual liberalización del aborto. En el pasado siglo se invocaron los derechos de la raza, de la nación o del proletariado para legitimar el asesinato de quienes eran de distinta opinión, clase o etnia, y ahora se apela a un inexistente derecho a la salud "reproductiva" "en los pactos internacionales, paradójicamente, sólo se reconoce el derecho a reducir la mortalidad natal e infantil- para justificar la eliminación de los no nacidos, los cuales, por cierto, pertenecen en gran número al sexo femenino aunque ello se silencie por los adalides del pensamiento único. También se defendió que los judíos, o los contrarrevolucionarios, eran seres inferiores y nocivos que no merecían la consideración de ciudadano ni de persona, lo que nos trae a la memoria recientes afirmaciones de autoridades públicas alegando -en contra de los más elementales rudimentos de ciencia genética o embriología- que el concebido no es un ser humano. Igualmente se argumentó en aquella aciaga época, frente a las protestas internacionales, que los países tenían derecho a resolver sus problemas internos sin injerencias de otras potencias, de la misma manera hoy día se mantiene que la decisión unilateral de la progenitora, incluso menor de edad, no debe ser interferida por un Estado que se autodenomina social para proteger a los más débiles, todo ello con el "progresista" resultado de privar a los indefensos de cualquier tutela jurídica.

Por mucho que se quiera disfrazar la cuestión, la legalización del aborto pone de manifiesto una profunda crisis que afecta al concepto mismo de "derecho", cuyo fin es el de evitar que los más violentos impongan, como si se tratara de la ley de la jungla, su fuerza bruta a los más débiles. Y decimos esto sin olvidar que entre los sectores vulnerables, además del feto, deben ser incluidas las madres que se ven compelidas a tomar la decisión antinatural de prescindir del fruto de sus entrañas por presiones económicas, familiares, sociales o laborales.

Los datos expuestos sirven para acreditar lo que ya sabemos: que el aborto -además de un negocio muy lucrativo- es un auténtico genocidio en masa cuya cifra, sólo en nuestro país, supera los cien mil seres humanos según datos oficiales. Además, el panorama actual pone de manifiesto el gravísimo peligro de que la sociedad se acostumbre a esta situación, acabe mirando a otro lado, y lo acepte como algo normal.

Pese a todo, la cultura de los derechos humanos continúa siendo el principal instrumento para luchar contra esta lacra de la posmodernidad, pero resulta insuficiente si no se completa con un reforzamiento ético de la comunidad civil. Jamás deberíamos olvidar, como nos enseña la historia, que una democracia sin recios valores humanistas acaba degenerando en un totalitarismo relativista más o menos encubierto. De ahí que la defensa de la vida de los aún no nacidos constituya una de las expresiones más nobles de la lucha por la democracia y la dignidad de la persona.