El 9 de noviembre de 2023 se ha firmado el acuerdo PSOE-JUNTS en el que afirman que contribuirá a "resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya"y realizan un sesgada interpretación de los sucesos acaecidos desde la aprobación del nuevo Estatuto catalán, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, la que denominan interesadamente "consulta popular del 9 de noviembre de 2014""que en algún círculo periodístico se le llamó <<butiferrendum>>--y la aplicación del artículo 155 CE con la celebración de nuevas elecciones.

Tras esa introducción, dicen que este acuerdo viene a afrontar una "oportunidad histórica" para alcanzar una solución a un conflicto que, afirman, "sólo la política en democracia puede encauzar", y para ello, JUNTS propondrá"y el PSOE acepta-- la celebración de un referéndum de autodeterminación para el reconocimiento nacional de "Catalunya"; una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas"LOFCA" con el establecimiento de una cláusula de excepcionalidad en el sistema de organización estatal y permite la cesión del 100 por 100 de los tributos. Por su parte el PSOE apostará por medidas que permitan el acceso al mercado (Español) de Cataluña, así como un estudio sobre la singularidad catalana en el modelo de financiación y un plan para facilitar el regreso de las empresas que cambiaron su sede, abandonando la Comunidad catalana.

Como guindas del pastel, acuerdan impulsar la participación directa de "Catalunya" en la Unión Europea y ---¡¡¡TATACHAN!!!: la aprobación de una ley de amnistía para procurar la que llaman "plena normalidad política, institucional y social". Dicha .Ley que se aplicará tanto a los "responsables como a los ciudadanos""es decir, a los golpistas intelectuales y materiales-- que antes y después de los remedos de consulta y referéndum de 2014 y 2017, hayan sido condenados.

Como añadido, se hace referencia a la constitución de comisiones de investigación derivadas de la aplicación de la ley de amnistía, a constituir en la próxima legislatura, de cuyas conclusiones pudieran derivarse "situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas"; esto es que los jueces, policías y funcionarios que hayan intervenido en la represión del fallido golpe

de Estado del parlamento y gobierno catalán de 2017 pudieran ser, a su vez, juzgados por que en aquél, fueron los golpistas

Antes de someter a consideración de ese Tribunal de ¿¿Garantías?? el recurso frente a la ley de amnistía, tal norma ha de ser aprobada por las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), aunque el peso de tal aprobación corresponde al Congreso.

Si tenemos en cuenta que la aprobación de la ley viene determinada por el voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez, de los separatistas catalanes, ERC y sobre todo JUNTS, es decir, condicionada al fin por siete míseros votos de congresistas, puesto que los comunistas de SUMAR/PODEMOS, PNV, etc…, ya están comprados, me gustaría fijarme en la presencia asturiana en el Congreso de los Diputados.

La representación de los asturianos está formada por 7 diputados: 3 del PP; 2 del PSOE;1 de SUMAR y 1 de VOX. Estos son sus nombres: Esther Llamazares (Oviedo, 1970); - Mercedes Fernández (Gijón, 1960); Silverio Argüelles (Llanera, 1976); Adriana Lastra (Ribadesella, 1979); Roberto García Morís (Siero, 1982); Rafael Cofiño (Gijón, 1969);y José María Figaredo (Gijón, 1988).

En nuestro nombre, estos diputados tienen la facultad de impedir la aprobación de una norma existencialmente inmoral; injusta, destructora del Estado de Derecho, de la democracia, la libertad, la unidad de España, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y facilitadora del paso hacia un régimen totalitario pues como afirma San Agustín en La ciudad de Dios, si no se respeta la justicia, ¿Qué son los Estados sino grandes bandas de ladrones?. Los ciudadanos a corto plazo y la Historia los juzgarán por su comportamiento ante esa felonía.

Fdo. José Luis Lafuente Suárez