Así lo ha avanzado Soria en rueda de prensa tras la reunión mantenida con los presidentes de estas tres comunidades, en la que ha argumentado que las razones para no devolver dichas subvenciones recibidas por la industria naval española tiene "sólidos fundamentos jurídicos", a lo que ha añadido que hay una "evidencia comparativa" de que ningún sector en el seno de la UE que se haya beneficiado de un sistema similar ha tenido que reintegrar las ayudas recibidas.

   Pero, sobre todo, Soria ha alertado de que la devolución de estas ayudas tendrán un "efecto irreversible e irreparable" en términos de empleo y de la propia industria, especialmente para las comunidades autónomas de País Vasco, Galicia y Asturias. Estas tres comunidades, junto con el Ministerio y la patronal privada de astilleros Pymar han firmado una declaración en defensa del sector naval español en la que solicitan la reconsideración de la propuesta avanzada por Almunia.

   "Contamos con sólidos argumentos jurídicos que avalan esta petición, pero también con la firme convicción de que la Comisión Europa no puede permitirse hundir todo un sector industrial de un Estado miembro, cuyas consecuencias multiplicarían la recesión económica y el grave problema del desempleo", reza la declaración.

 SITUACIÓN "ANGUSTIOSA"  

  Así, el presidente de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), Álvaro Platero, ha destacado la situación "angustiosa" que sufre el sector que ha vivido "siempre" con acuerdo a la legalidad. Platero ha señalado que no se solicita "más que igualdad de trato" ante algo que es una "guerra comercial".  

  En este sentido, ha indicado que los astilleros españoles trabajan con "alta calidad" y que exportan cerca del 90 por ciento de lo que construyen, lo que, a su juicio, es su "pecado" y no otro. Por ello, ha destacado que les ha sorprendido la declaración de Almunia y que le han hecho saber "en público y en privado" que continuar con su pretensión supondrá el fin para muchos armadores.

   Por su parte, el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha querido subrayar la sorpresa que ha sentido el Gobierno vasco tras el anuncio de Almunia, en la medida en que ha habido "conversaciones". "Ni mucho menos esperábamos este planteamiento", que no puede aceptar "bajo ningún concepto", ha indicado.

   En esta línea, Urkullu ha recordado el esfuerzo de "reconstrucción" para la "necesaria actualización" que ha tenido que hacer el sector naval y ha dicho que "no se puede plantear un discurso" de defensa del empleo juvenil - en alusión al acuerdo del Consejo Europeo de la pasada semana - y al mismo tiempo plantear un plan como el del comisario Almunia, "por muchos recovecos o circunloquios que se quieran dar".

 PROBLEMA ECONÓMICO, NO POLÍTICO

   Durante su intervención, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no se trata de un problema político", sino "económico" que afecta a uno de los países "con más paro" de la Unión Europea. "No lo podemos aceptar (...) La UE tiene que escucharnos", ha aseverado, al tiempo que ha suscrito las palabras de Soria, diciendo que hay "argumentos jurídicos sólidos" y que se trata de una posición basada en "principios legales".

   Además, el presidente de la Xunta ha hecho hincapié en que no se trata de un "privilegio" porque "el dinero que se está pidiendo no es de Europa ni de fondos europeos" y porque "si no España tendría una industria muy floreciente y no es así". Feijóo ha insistido en que los astilleros españoles "han cumplido las leyes" y en que "ya es suficiente castigo" la indefensión a la que, a su juicio, han sido sometidos desde que se inició el expediente.

   En último lugar, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha advertido de que la medida supone el "colapso de la mayor parte" de los astilleros privados y ha sostenido que hay "argumentos económicos, sociales y jurídicos" para rebatir esa posición del comisario de Competencia.

   Fernández ha señalado que los dirigentes españoles van a "intentar" un cambio de postura por parte de la UE, en primera instancia, con Almunia, y luego con el Colegio de Comisarios e, incluso, el presidente de la Comisión, porque se trata de una "posición conjunta" y "unánime".