Soria ha realizado esta confirmación en respuesta al diputado del PNV, Pedro Azpiazu, quien le solicitaba conocer cuáles son las intenciones del Gobierno en relación al futuro de la instalación atómica.

   Así, ha recordado que el pasado 16 de mayo el titular de la central, Nuclenor, solicitó la modificación de la orden ministerial de 2012 que revocaba la fecha del 6 de julio de 2013 como fecha de cese definitivo de la explotación de esa central, al objeto de que se le concediera un nuevo plazo para que pudiera presentar una solicitud de renovación de la autorización de la explotación por un periodo de un año en el que la central se mantendría sin operar a potencia.

    "Esta modicación no ha podido ser concedida por el ministerio por la imposibilidad del cumplimiento de los plazos previstos en la ley que regula el procedimiento administrativo", ha afirmado Soria.  

  Por tanto, ha asegurado que en el momento actual, conforme a lo previsto en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y con anterioridad al 6 de julio, el Ministerio de Industria deberá declarar mediante orden ministerial el cese definitivo de explotación de esta central.

REVISAR LA DOCUMENTACIÓN   

  Con ello, ha precisado que la tramitación de esta orden incluye la revisión de la documentación del expediente para las alegaciones de las tres comunidades autónomas implicadas: Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Al mismo tiempo, ha señalado que se ha remitido la documentación a los interesados para llevar a cabo el trámite de audiencia.  

  No obstante, Soria ha advertido de que se está analizando la situación en relación con los aspectos relacionados con la regulación de ese cese definitivo y de explotación, ya que el cese no se produce por razones de seguridad nuclear, "sino única y exclusivamente" responde a razones económicas. "Es lo que está estudiando el ministerio", ha apostillado.  

  Con todo ello, el titular de Industria ha advertido de que, teniendo en cuenta la situación económica actual y que España es uno de los países europeos con mayor dependencia energética del resto del mundo, no se puede ni se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles.

   En relación a ello y para disminuir la dependencia energética y aumentar la seguridad del sistema español, ha reiterado que la intención del Gobierno es que, siempre y cuando el CSN, que es quien debe indicarlo, determine que uno de los ocho reactores o todos los reactores españoles pueden seguir funcionando "el criterio del Gobierno será favorable a esa continuidad en el funcionamiento".

EL CIERRE ES LA ÚNICA DECISIÓN RAZONABLE

   Por su parte, el diputado de PNV ha señalado que o cree que la única decisión "razonable" en relación al futuro de la central nuclear es la de cerrarla definitivamente y, por ello, ha instado al ministro a cubrir el vacío legal que existe con respecto a la situación actual de Santa María de Garoña en la "próxima retahíla" de iniciativas que ha anunciado en materia energética.

   A su juicio, tan sólo es posible paralizar una central nuclear por motivos técnicos y a instancias del CSN, y Nuclenor, tras la aprobación de la fiscalidad a los residuos, alega razones de rentabilidad económica.  

  Es más, el diputado vasco ha recordado que existe un consenso político "amplio" sobre el cese de actividad de la instalación atómica burgalesa y de hecho ha apuntado a una decisión del Parlamento vasco, con el voto incluido del alcalde "popular" de Vitoria, así como el del Ejecutivo regional vasco que se mostraron favorables a su cierre.   

 Según ha argumentado Azpiazu, Garoña debe cerrar porque se trata de un reactor nuclear de primera generación que ya está "obsoleto y amortizado".

 "El exceso de potencia instalada y la caída de la demanda hacen que cerrar una instalación de 450Mw no genere ningún problema en términos de seguridad de suministro", ha sentenciado.