A esa hora, en el lugar en el que se colocará la cabecera de la manifestación (en la confluencia de las calles Alcalá y Barquillo), los sindicatos convocantes intervendrán ante los medios de comunicación para explicar los objetivos de las movilizaciones contra las medidas del Gobierno.

   Según han informado los sindicatos a través de un comunicado, la marcha irá desde la Plaza de Cibeles hasta Ministerio de Justicia, pretende ser masiva y congregará a trabajadores del sector procedentes de toda España, bajo el lema Gallardón acaba con la justicia para todos. 

  Al término de la protesta, según precisan los sindicatos, se entregarán miles de firmas recabadas a lo largo del último mes en los juzgados de toda España contra la Ley de Tasas Judiciales y el resto de los proyectos del Ministerio de Justicia.

   A la manifestación acudirán representantes de la Plataforma Justicia para Todos, como el Consejo General de la Abogacía y el Consejo de Consumidores y Usuarios, así como de algunas asociaciones profesionales de jueces y de abogados de oficio, como la asociación de Jueces por la Democracia (JpD).

   Así, la concentración busca "defender los derechos de ciudadanos" porque, en opinión de los sindicatos, las recientes medidas aprobadas por el Gobierno "les supone la imposibilidad de acudir a los tribunales a defender sus legítimos derechos". "El acceso a la jurisdicción a partir de ahora va a estar vetado para la inmensa mayoría, limitando de forma muy grave sus derechos fundamentales", denuncian.  

Asimismo, sostienen que la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Ejecutivo "establece la eliminación de la tutela judicial efectiva" y recuerda que se trata de una norma "que tiene a una amplísima mayoría de ciudadanos, profesionales y trabajadores de la Justicia en contra".

"PRIVATIZACIÓN" DEL REGISTRO CIVIL 

  Sobre la reforma del Registro Civil, han alertado de que se trata de una "privatización" y de que "supone la eliminación de un derecho constitucional". "A partir de su aprobación, el Gobierno opta por entregar derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores a intereses privados de grupos afines, porque los máximos responsables de la Dirección de Registros y del Notariado son registradores, así como el mismo Presidente del Gobierno", han advertido. 

  Por otra parte, se han referido a la "necesaria modernización de la Administración de Justicia" que, desde su punto de vista, "necesita menos imposición, menos recortes, más medios, más acuerdos y negociación".

CRÍTICAS A LEY DE JUSTICIA GRATUITA

   También, la CSI-F advierte de que el anteproyecto que estudia el Gobierno de reforma a la Ley de Justicia Gratuita es "una operación de maquillaje a las tasas impuestas a los ciudadanos, que no resuelve las desigualdad de acceso a la justicia". 

  "El Gobierno, una vez más, ha ninguneado a los representantes de los trabajadores, que han conocido el informe del anteproyecto a través de los medios de comunicación", señala, al tiempo que insiste en que la CSI-F considera que los nuevos criterios de gratuidad "siguen siendo muy insuficientes y continúan limitando el derecho de acceso a la justicia".

   Por todo ello, los sindicatos exigen al Gobierno que inicie "un diálogo constructivo con todos los afectados por estas gravísimas reformas, que escuche la voz de los colectivos afectados y retire de las reformas los efectos perversos que dichas normas tienen en la ciudadanía". 

  De esta forma instan al Ejecutivo a modificar "todos los aspectos que eliminan de golpe el derecho fundamental de acudir en condiciones de igualdad, como marca la Constitución, a un servicio público fundamental como es la Administración de Justicia a defender sus legítimos derechos". 

  Finalmente, para CCOO, "lo que está en juego es el servicio público de la justicia que el Gobierno pretende privatizar con proyectos como la entrega a los registradores del Registro Civil, la Ley de Tasas y otros proyectos privatizadores".