En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano ha asegurado que Seúl mantiene su postura de que esta disputa marítima debería resolverse según los acuerdos pertinentes y las regulaciones internacionales.

"Nuestro Gobierno, mientras tiene en cuenta el fallo del Tribunal anunciado este 12 de julio, espera que la resolución de la disputa por el mar de China Meridional (se lleve a cabo) a través de esfuerzos diplomáticos pacíficos y productivos", ha indicado el Ministerio, recogido por la agencia surcoreana, Yonhap.

Asimismo, Seúl ha reafirmado su posición de que "la paz, la estabilidad y la libertad de navegación y vuelo" en la región deben garantizarse, ya que se trata de una ruta de comercio marítimo clave.

El Tribunal emitió su fallo este martes, en el que afirma que no existe "base legal" para que Pekín reclame derechos históricos sobre los recursos "dentro de las áreas marítimas que entran en la 'línea de los nueve puntos'", en referencia a una línea de demarcación establecida en un mapa de 1947.

Asimismo, el organismo concluye que las patrullas llevadas a cabo en la zona por parte de China han amenazado la integridad de los pesqueros filipinos y ha alertado de los daños causados en los arrecifes de coral por las distintas obras realizadas durante los últimos años.

La agencia de noticias oficial china, Xinhua, ha tachado de "infundadas" las conclusiones de la corte, si bien su reacción no representa ninguna sorpresa, habida cuenta de las advertencias que se habían venido lanzando en las últimas semanas.

El Gobierno de China ya había avisado de que no acataría el dictamen de la corte, en la medida en que entiende que no tiene jurisdicción para pronunciarse. "No aceptaremos ninguno de sus materiales, no importa cuáles sean", ha zanjado este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lu Kang.

El Ministerio de Defensa chino también había adelantado que, independientemente de la decisión llegada desde La Haya, las Fuerzas Armadas del gigante asiático seguirán "salvaguardando firmemente los intereses y derechos de soberanía nacional, de seguridad y marítimos" y respondiendo a "amenazas y desafíos".

Por su parte, el secretario del Ministerio de Exteriores de Filipinas, Perfecto Yasay, ha pedido "contención y sobriedad" tras el veredicto y, aunque ha dicho que estudiará "detenidamente" el texto --de casi medio millar de páginas-- ya ha deslizado que lo "respeta".

EL CASO

China reivindica como propias la mayoría de las aguas del mar Meridional, ricas en recursos energéticos y pesqueros, y no ha dudado en defender su legitimidad frente al resto de países que también reclaman derechos soberanos: Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. Las autoridades chinas han llegado a construir islas artificiales y envían patrullas marítimas de forma regular.

Filipinas llevó su caso a La Haya en 2013, en un intento por esclarecer el estatus legal de una serie de arrecifes, rocas e islas artificiales en el banco de arena de Scarborough y en el archipiélago de Spratly, así como por determinar los derechos que tiene cada uno de los países en aguas aledañas.

El tribunal aplica la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para determinar qué países tienen derecho a explotar ciertas aguas, en base a una generalización que plantea que la soberanía de unas islas garantiza a sus propietarios un radio de acción de hasta 12 millas náuticas.

Manila argumentó durante las vistas que ninguna de las islas o arrecifes de las Spratlys son lo suficientemente grandes como para garantizar una zona económica exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas. En cambio, en el caso de Scarborough alega que está incluida dentro de la ZEE correspondiente a la isla de Luzón y, por lo tanto, pertenece a Filipinas.