El Gobierno fijó el día 28 de enero para la aprobación de la reforma de pensiones y quiere cumplir con el plazo, a pesar de que los sindicatos ven difícil que pueda lograrse un acuerdo antes de esa fecha o incluso antes del martes 25, que es cuando el Parlamento tiene previsto discutir en el Pleno las recomendaciones del Pacto de Toledo.

   El mismo viernes en que se dará luz verde al anteproyecto de reforma de las pensiones se conocerán los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre, que reflejarán cómo se comportó el desempleo y la ocupación en el ejercicio 2010.   

Gobierno, patronal y sindicatos mantienen desde hace un par de semanas conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo en la reforma de las pensiones, así como en otros frentes, como las políticas activas de empleo, la política energética y la política industrial.  

  La negociación no ha estado exenta de polémica por las informaciones que se han ido filtrando a la prensa. Primero fueron los cambios en el desarrollo reglamentario de la reforma laboral para endurecer el despido objetivo de 20 días cuando las empresas aleguen pérdidas económicas previstas. Y luego la entrada en escena de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que el Gobierno, supuestamente, se habría ofrecido a mantener a cambio de que los sindicatos apoyaran su reforma de pensiones.  

  Ambas cosas se interpretaron como concesiones que el Ejecutivo estaría dispuesto a hacer para ganarse a los sindicatos, pero tanto algunos miembros del Gobierno como CC.OO. y UGT se apresuraron a asegurar que esta negociación no se podía entender como un intercambio de cromos.

NI "NEUTRONES POR PENSIONES" NI OTROS CAMBIOS DE CROMOS.  

  Así, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han dejado claro que no intercambiarán "neutrones por pensiones", y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha subrayado que mantener Garoña nunca ha estado sobre la mesa de negociación.

   De esta forma, se ha generado cierta confusión en torno a esta negociación, sobre todo teniendo en cuenta que cada día salen a la luz nuevas propuestas que no todas las partes se atreven a confirmar.  

  Lo que sí se sabe es que el Ejecutivo no ha renunciado a su idea de ampliar la edad de jubilación a los 67 años de manera obligatoria, idea que choca frontalmente con el planteamiento de los sindicatos, que quieren que seguir trabajando después de los 65 años sea voluntario.  

  Aunque ésta no es la única propuesta que no es del gusto de CC.OO. y UGT. Tampoco les convence que se pretendan exigir hasta 40 años cotizados (año arriba, año abajo) para que un trabajador pueda jubilarse a los 65 años con el cien por cien de su pensión.   

Mientras Gobierno, empresarios y sindicatos prosiguen las negociaciones, el Pacto de Toledo tiene una cita con el Pleno del Congreso el próximo martes, día elegido para estudiar las recomendaciones hechas por la comisión parlamentaria que analiza las pensiones.   

Y en el Parlamento, precisamente, es donde ha hecho aparición un nuevo jugador, el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera, que ha sido elegido por el Grupo Parlamentario Socialista para coordinar la negociación política de la reforma de pensiones. Eso sí, pese a este nombramiento, tanto Caldera como Valeriano Gómez, han dejaro claro que quien comanda esta negociación es el Ministerio de Trabajo.