La demanda fue interpuesta en febrero de 2018 y sostenía que Popular "era una entidad solvente" que, por un problema de liquidez, se vio afectada por un proceso de resolución que concluyó con su venta al grupo presidido por Ana Botín por el precio simbólico de un euro.

Según la demandante, que era titular de bonos de Popular por 50.000 euros que perdieron todo su valor con la operación, esta venta a un precio "irrisorio" generó "un descomunal enriquecimiento al banco, equivalente al empobrecimiento de 305.000 familias y empresas".

El despacho Fieldfisher Jausas, que representa a la parte demandante, reclamó que se condenase a la entidad al pago de una indemnización a su cliente, que era titular de una inversión en bonos de Popular por valor de 50.000 euros que perdieron todo su valor con la operación.

En su reciente fallo, adelantado por 'El Confidencial', el Juzgado de Madrid ha señalado que la venta de Popular a Santander se llevó a cabo en virtud del mecanismo único de resolución, con intervención de la JUR y el FROB, y que el eventual enriquecimiento de Santander "encontraría amparo legal en la normativa aplicada".

Además, ha indicado que no se aprecia la concurrencia de una operación especulativa por parte de Santander y que no hay nexo entre el empobrecimiento de la demandante y el enriquecimiento que se afirma que habría obtenido Santander, sino que derivaría de la aplicación del mecanismo de resolución.

RECURSO Y NUEVA DEMANDA

En declaraciones a Europa Press, el socio de Fieldfisher Jausas Jordi Ruiz de Villa ha confirmado que el despacho recurrirá el fallo ante la Audiencia Provincial y, si hiciese falta, ante el Tribunal Supremo, ya que está convencido de la viabilidad de la demanda.

De hecho, la firma de abogados interpondrá una segunda demanda contra Santander por enriquecimiento injusto la próxima semana, esta vez en un juzgado de Mataró (Barcelona).

En ambos procedimientos, incorporará nuevos argumentos para tratar de probar el ánimo especulativo con el que procedió a la compra de Popular, como las "enormes plusvalías" que la entidad prevé recibir por la venta de parte de los activos del banco adquirido o el inmediato repunte de la acción de Santander en los días posteriores a la operación, entre otros.

Desde Fieldfisher Jausas son conscientes de la complejidad del procedimiento, que no tiene precedentes, pero están convencidos de que la adjudicación se realizó a un precio "que no era razonable" y que Santander debería indemnizar a los afectados por el citado "enriquecimiento".