El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha propuesto juzgar a un total de once personas, entre las que se encuentran tres antiguos cargos del PSC y dos de CiU, por su vinculación con la trama de corrupción 'Pretoria', que operó entres los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

   En un auto dictado este jueves, el magistrado transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento y que supone el final de la instrucción, y pide que los encausados sean juzgados por un delito continuado de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, aunque también aprecia indicios de varios delitos fiscales que habrían prescrito.

   Entre los excargos que se sentarán en el banquillo de los acusados se encuentran el exdiputado socialista Luis García, 'Luigi', presunto líder del grupo; el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el entonces concejal de Urbanismo Manuel Dobarco (ambos del PSC), y los exaltos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009.

   El resto de procesados son los empresarios Josep Singla y Manuel Carrillo, que se habrían beneficiado de las operaciones investigadas; los presuntos testaferros Manuel Valera y Philip McMahann; Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra; y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta.

COMISIONES MILLONARIAS POR INTERMEDIACIONES

   El juez considera "indiciariamente acreditada" la existencia de una trama dirigida a "la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal" de Barcelona que habría operado bajo la "intervención principal" del exparlamentario socialista Luis García.

   Su labor se centraba en conseguir adjudicaciones de terrenos en los tres municipios barceloneses, tras lo cual se modificaba el titular de la adjudicación, se recalificaban los terrenos y se vendían a un precio superior. A cambio de estas operaciones, los mediadores recibían "cuantiosas" comisiones ilegales que trataban de ocultar mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros.

   En concreto, las "ganancias ilícitas" habrían ascendido a 14,9 millones de euros para Prenatefa, 6 millones para Alavedra, 5,8 para García y 1,7 para Muñoz. Los dos exaltos cargos de CiU ocultaron el dinero a Hacienda aunque ambos presentaron declaraciones complementarias del IRPF después de que se iniciara la investigación penal.

   Tanto Alavedra como Prenafeta y sus respectivas esposas --Doris Malfeito, ya fallecida, y Maria Llüisa Mas-- desviaron sus ganancias a través de un entramado societario en las Islas Caimán y Andorra, en el caso del primero, y en Suiza en el del segundo. La investigación, que fue iniciada por el juez Baltasar Garzón, también se extendió a Costa Rica, Estados Unidos, Portugal y Alemania.

CUATRO OPERACIONES BAJO SOSPECHA

   Las actuaciones investigadas son la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la 'operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.

   Además, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.

   El magistrado da ahora diez días a la Fiscalía y a las partes personadas en el procedimiento para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.