Una vez aprobada la norma, Repsol denunciará a Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.

   En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamaciones, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instuticiones internacionales.

   El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.

   Para Repsol, el justiprecio por su 57% de YPF asciende a 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros), si bien el Gobierno argentino ha sugerido que no pagará esta cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costes ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.

   Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamaciones. En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.

    Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.

 ACCIONISTAS MINORITARIOS.

   Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio de propiedad, en el que han pasado de ser inversores de una empresa privada a una empresa pública, así como las dificultades que esta nueva circunstancia genera a la cotización de las acciones en Nueva York.  

  También pueden evocar la obligación de OPA o los peligros que el nuevo entorno genera para la propia financiación de la compañía, ya que algunas cláusulas de financiamiento provocan la aceleración en los vencimientos con anticipaciones.

 DECRETO DE OCUPACIÓN.

    Al margen de la ley de expropiación, los servicios jurídicos de Repsol también deben responder al decreto de ocupación urgente de las instalaciones de YPF, que se aplicó inmediatamente después del anuncio de la expropiación y que sirvió para echar a los directivos españoles de la sede de la petrolera en Buenos Aires.  

  El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que este decreto se promulgaba sobre una ley de la época del dictador Videla, mientras que Suárez de Lezo advirtió de que su aplicación suponía una toma de control automática de YPF.