La funcionaria Marta Renedo, imputada en la denominada "Operación Marea" por una supuesta trama de contrataciones ilegales en el seno de la Administración autonómica socialista, ha declarado que no conocía a la anciana a la que supuestamente usurpó la identidad para desviar unos 60.000 euros de los fondos públicos presuntamente defraudados.  

  Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas Antonio Pineda, el abogado de una de las acusaciones particulares personadas en el caso, en el que están imputados también el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y la ex directora de Centros, María Jesús Otero.  

  Tras una hora y media de interrogatorio en el que la funcionaria sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, el penalista Luis Tuero, y del juez instructor Ángel Sorando, Pineda ha opinado que con esta segunda citación se le dio una oportunidad "brillante y magnífica  para colaborar" y "no sólo no ha dado un paso adelante, sino tres atrás". "O hay reconocimiento expreso de los hechos o no vamos a entrar en ninguna negociación", ha advertido.  

  Así, y sobre la denuncia interpuesta por su cliente, la anciana Severina Blanco, contra Renedo, ha indicado que la funcionaria manifestó este miércoles que "en la vida abrió la cuenta, no hizo transacciones y no tiene conocimiento de quien es" -la supuesta perjudicada-, a pesar de que el informe policial refleja que "dos o tres transferencias" se llevaron a cabo desde una IP coincidente con la del ordenador de su domicilio.

 PRUEBA CALIGRÁFICA   

 Por ello, ha anunciado que solicitará las declaraciones del marido de la funcionaria, y de su hija, en el supuesto de que esta sea mayor de edad. Además, sobre la duplicidad de facturas detectada en el transcurso de la investigación, Renedo ha reconocido su firma sólo en algunas de ellas y ha accedido a elaborar una prueba caligráfica.   

 Otra de las acusaciones particulares personadas en la causa, Fernando Barutell, representante del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, ha destacado que la ex trabajadora pública respondió con una negativa a la pregunta del juez sobre si quería aclarar lo que ocurría en la Consejería de Cultura. "Se le preguntó si quería aclarar lo que pasaba en Cultura y categóricamente dijo no. Si había alguna duda creo que ha quedado claro que no quiere colaborar con la investigación en general", ha opinado.  

  En último término, el juez instructor Ángel Sorando ha informado de que la instrucción de esta causa podría finalizar después de Semana Santa "si hay suerte" y las partes "le dejan".