A los rojos no  les gustaba el Registro Civil y a D. Alberto, titular del ministerio de chistes y justicia tampoco. Los rojetes de nuestra región durante la revolución del 34 y  la dominación roja durante la Cruzada de 1.936, muy revolucionarios ellos  quemaron los registros civiles, así sin más de frente y a lo bestia, pero no quemaron y respetaron los registros parroquiales; en el fondo la razón de este hecho, es que los rojos, brutotes pero buena gente en la mayoría de los casos, lo que quemaban era el liberalismo y lo que respetaban era a la Iglesia Católica, que liberales muy mezquinos querían en aquella época y aún ahora confundir.     

     Cuestión de gustos, ya saben a los rojos y al ministro no le gustan los registros civiles judiciales, a la legión le gustan las mujeres y a D. Mariano, el jefe del ministro, los registros de la propiedad, en desarrollo de su concepto político en el que considera a los españoles, no como portadores de valores eternos,  sino como sujetos pasivos de todo tipo de tributos, tasas y precios públicos y lo que le gusta al ministro es ser liberal y pompático, por eso quiere pasar a la pequeña historia de nuestra nación, como el ministro que convirtió a la administración de justicia en una empresa de pompas fúnebres, eso sí en el colmo del liberalismo, en una empresa monopolística.      

     Los hijos de la viuda, de tanto darle al ladrillo han perdido el compás, y así quieren convertir los palacios de justicia en casas mortuorias, en la que ya saben si quieren que la moza cante, la “telita” por delante y como antaño oficiarán entierros de primera, segunda o tercera. No es lo mismo que un juez de primera instancia firme la defunción de los derechos civiles de un ciudadano, a que la inexistencia de su derecho la certifiquen tres ilustres magistrados de una Audiencia Provincial o tres excelentísimos señores del Tribunal Supremo. Así en un juicio ordinario, el entierro   costaría a cada ciudadano litigante 300, 800 o 1200 euros dependiendo de que la casa mortuoria para el entierro de sus derechos esté en la localidad de residencia,  en la capital de la provincia o en su caso en la Villa y Corte de Madrid y de que la comitiva fúnebre se desplace en clase turista o   en Business.     

   Ya saben, los liberales desahucian al registro civil, lo raro es que se lo den a los registradores de la propiedad, aunque es el primer paso, el último objetivo del régimen es que los registros tanto civiles, como  de la propiedad, las notarías, los juzgados y el turno de oficio se lo adjudiquen,  como los estancos y otras concesiones administrativas, en subasta controlada a Carlos Slim o a las terminales financieras del Club Bilderberg, eso si libres de impuestos, tasas y gravámenes.      

    El régimen está en almoneda y la administración de justicia se salda en un mercadillo del “top manta”. Aquí, todo se compra y se vende al mejor postor, el liberalismo español no es que sea pecado, es sencillamente un robo, culpable junto al socialismo del intento de entierro de la patria, el pan y la justicia en esta hora de España, oficiando el señor Gallardón de representante de la nueva empresa funeraria, antes servicio nacional de pompas fúnebres.   

Togas y Dignidad