Los gobiernos pactaron a principios de mes una formulación de la reforma con una nota a pie de página en la que se advierte que "Gibraltar es una colonia de la Corona británica", sobre la que existe una "disputa" entre España y Reino Unido y cuya "controversia" debe hallar una solución "a la luz de las resoluciones relevantes y decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas".

La redacción acordada por los Estados miembros provocó el malestar de Reino Unido --que no pudo votar en contra porque no pertenece al espacio sin fronteras Schengen que rige en este reglamento--, pero cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, que tampoco hizo referencia directa a Gibraltar en su primera propuesta.

Sin embargo, los negociadores de la Eurocámara rechazaron esta posibilidad en la reunión de las tres instituciones fijada el miércoles para cerrar un acuerdo, por lo que el asunto tiene que volver ahora al Consejo.

En una reunión a nivel de embajadores aún por fijar en la agenda, los gobiernos europeos deberán decidir si ofrecen una "reformulación" aceptable para el resto de negociadores o mantienen como "línea roja" esta nota a pie de página, según han explicado a Europa Press fuentes europeas.

La referencia a Gibraltar como colonia británica es una reivindicación de España que quiere dejar claro en los textos europeos que la situación jurídica del territorio cuando se produzca el Brexit, y deje por tanto de aplicarse el Derecho europeo, deberá de volver a enmarcarse dentro de las resoluciones de Naciones Unidas.

En cualquier caso, fuentes europeas señalaron a principios de mes que se trata de una nota cuya función es "aclarar" una situación ya conocida, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y que "no altera en nada" el estatus del Peñón con respecto a la UE, que en sus Tratados se refiere a Gibraltar como "un territorio europeo cuyas relaciones exteriores son asumidas por una Estado miembro".

Las partes deberán celebrar un nuevo 'trílogo' para desbloquear el asunto, previsiblemente a principios de la semana que viene, con la presión de llegar a un acuerdo con urgencia, porque se trata de un reglamento que debe de estar a punto antes de que se produzca la salida de Reino Unido, el próximo 29 de marzo.

De lograrse un acuerdo, éste necesitará aún el visto bueno formal del Consejo y del Parlamento Europeo, cuyo pleno se reunirá por última vez antes del Brexit entre el 11 y el 14 de marzo.

Si no llegara a tiempo de someterse al voto de los eurodiputados en esa sesión plenaria, estas medidas de contingencia diseñadas para mitigar los daños del Brexit no podrán activarse en la fecha prevista de divorcio.

En caso de un Brexit sin acuerdo, la exención se aplicará a partir del 30 de marzo de 2019, primer día en que Reino Unido será un país tercero para la UE. Pero si la desconexión se produce bajo el paraguas del acuerdo de salida, que prevé un periodo de transición de hasta dos años, la medida se reservará hasta esa fecha.

Si finalmente el bloque comunitario incluye a Reino Unido en la lista de países exentos de visado de corta duración, sus ciudadanos podrán viajar sin el prerrequisito de este permiso y permanecer dentro de la zona sin fronteras Schengen durante un máximo de 90 días, en un periodo de 180 días.