El anuncio no explica los motivos de Poroshenko para solicitar el relevo pero varios diputados, activistas y gobiernos extranjeros que apoyan al Ejecutivo de Ucrania han acusado a la Fiscalía General de no estar investigando la corrupción y de impedir las reformas políticas.

   La reforma del sistema judicial es uno de los objetivos del programa de reformas que el Gobierno ucraniano ha acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de miles de millones de dólares en ayuda financiera.

   Yarema fue nombrado fiscal general en junio de 2014, tras la renuncia del anterior presidente del país, Viktor Yanukovich, después de varios meses de protestas contra su Gobierno. Desde entonces, ha sido criticado por el lento avance de las investigaciones sobre supuestos crímenes cometidos en la etapa de Yanukovich y contra manifestantes.

   Un equipo del FMI ha ampliado su visita a Kiev, donde está manteniendo reuniones con las autoridades ucranianas para impulsar el apoyo financiero. El FMI, junto con otros países que dan ayuda financiera a Ucrania, ha afirmado que la concesión de cualquier ayuda adicional dependerá de la capacidad de Kiev de desarrollar reformas.

El Parlamento ucraniano aprueba el cese

del fiscal general

  El Parlamento ucraniano ha aprobado en una votación realizada este martes la propuesta de cese del fiscal general, Vitali Yarema, remitida por el presidente del país, Petro Poroshenko. El mandatario ha solicitado el nombramiento de Viktor Shokin como nuevo fiscal general, según la agencia de noticias Interfax Ucrania.

   La Constitución de Ucrania establece que corresponde al jefe del Estado proponer el nombramiento y el cese del fiscal general y al Parlamento ratificar o rechazar su decisión. Shokin es en la actualidad el 'número dos' de la Fiscalía general, donde ha estado trabajando desde 1998.

   La decisión del cese de Yarema ha sido adoptada por la cámara legislativa en respuesta a la propuesta del jefe del Estado, que no ha explicado en su petición los motivos que llevan a reclamar el cese.

   Varios diputados, activistas y gobiernos extranjeros que apoyan al Ejecutivo de Ucrania han acusado a la Fiscalía General de no estar investigando la corrupción y de impedir las reformas políticas.

   La reforma del sistema judicial es uno de los objetivos del programa de reformas que el Gobierno ucraniano ha acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de miles de millones de dólares en ayuda financiera.

   Yarema fue nombrado fiscal general en junio de 2014, tras la renuncia del anterior presidente del país, Viktor Yanukovich, después de varios meses de protestas contra su Gobierno. Desde entonces, ha sido criticado por el lento avance de las investigaciones sobre supuestos crímenes cometidos en la etapa de Yanukovich y contra manifestantes.

   Un equipo del FMI ha ampliado su visita a Kiev, donde está manteniendo reuniones con las autoridades ucranianas para impulsar el apoyo financiero. El FMI, junto con otros países que dan ayuda financiera a Ucrania, ha afirmado que la concesión de cualquier ayuda adicional dependerá de la capacidad de Kiev de desarrollar reformas.