En concreto, Morawiecki ha anunciado este domingo la tercera de las preguntas que incluirá esta consulta, de la que ya se habían adelantado cuestiones relativas a la privatización de empresas públicas y al posible retraso de la edad de jubilación.

"¿Apoya la admisión de miles de migrantes ilegales de Oriente Próximo y África conforme al mecanismo de reubicación forzada impuesto por la burocracia europea?", reza la tercera pregunta, que no da lugar a dudas sobre cuál es la posición del Ejecutivo.

El primer ministro alega que "la seguridad de Polonia es crucial", razón por la cual su Gobierno está en contra del mecanismo respaldado por la amplia mayoría de Estados miembro de la UE. Sólo Polonia y Hungría se posicionaron en contra de este mecanismo que, según Morawiecki, oculta de nuevo una amenaza de sanciones.

El primer ministro espera "que se escuche la voz de los polacos", por lo que ha pedido el 'no' ciudadano aludiendo a un supuesto aumento de la inseguridad en otros países de Europa que ha vinculado a la inmigración, informa la agencia de noticias oficial PAP.

El mecanismo de reparto de migrantes, avalado a principios de junio por los ministros del Interior de los Veintisiete, introduce una batería de obligaciones que abren la puerta a excepciones, con la salvedad de que los países que se nieguen a aceptar traslados deberán pagar 20.000 euros por cada persona rechazada.

En concreto, Morawiecki ha anunciado este domingo la tercera de las preguntas que incluirá esta consulta, de la que ya se habían adelantado cuestiones relativas a la privatización de empresas públicas y al posible retraso de la edad de jubilación.

"¿Apoya la admisión de miles de migrantes ilegales de Oriente Próximo y África conforme al mecanismo de reubicación forzada impuesto por la burocracia europea?", reza la tercera pregunta, que no da lugar a dudas sobre cuál es la posición del Ejecutivo.

El primer ministro alega que "la seguridad de Polonia es crucial", razón por la cual su Gobierno está en contra del mecanismo respaldado por la amplia mayoría de Estados miembro de la UE. Sólo Polonia y Hungría se posicionaron en contra de este mecanismo que, según Morawiecki, oculta de nuevo una amenaza de sanciones.

El primer ministro espera "que se escuche la voz de los polacos", por lo que ha pedido el 'no' ciudadano aludiendo a un supuesto aumento de la inseguridad en otros países de Europa que ha vinculado a la inmigración, informa la agencia de noticias oficial PAP.

El mecanismo de reparto de migrantes, avalado a principios de junio por los ministros del Interior de los Veintisiete, introduce una batería de obligaciones que abren la puerta a excepciones, con la salvedad de que los países que se nieguen a aceptar traslados deberán pagar 20.000 euros por cada persona rechazada.