Según Piñera, que ha firmado el proyecto junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y de Justicia, Hernán Larraín, la "acción de las fuerzas del orden y seguridad tiene que estar dentro del marco de la ley, tiene que ser respetuosa con los protocolos de sus propias instituciones y tienen que tener un pleno y total compromiso con el respeto y resguardo de los Derechos Humanos".

"Cuando eso no ocurre, lo que corresponde en una democracia en Estado de Derecho es que sea investigado por la propia institución o por la Fiscalía y que sea juzgado por los Tribunales de Justicia", ha manifestado, tal y como recoge un comunicado del Gobierno chileno.

En este sentido, ha asegurado que "la inmensa mayoría de nuestros carabineros y policías han actuado de acuerdo a la ley, han cumplido con los protocolos de sus instituciones, y han resguardado y protegido los derechos humanos de todos los ciudadanos".

Piñera ha destacado que "ellos también han sido víctimas de estos hechos de violencia. De hecho, al día de hoy tenemos más de 2.500 carabineros heridos o lesionados, algunos de ellos de gravedad por haber recibido impactos de bala o bombas molotov".

"Nuestras fuerzas del orden y seguridad y también Gendarmería necesitan ser debidamente respetadas y también tener una adecuada protección", ha sostenido el jefe de Estado, que ha detallado que "el proyecto establece como agravante de los delitos de lesiones u homicidios cometidos contra la policía, el cometer estos delitos de forma encapuchada, en grupos organizados, de forma tal que podamos combatir de mejor eficacia ese tipo de acciones".

Asimismo, se necesitará la autorización del fiscal regional para poder archivar provisionalmente una causa u ofrecer la suspensión condicional del procedimiento cuando se cometan este tipo de delitos.

El proyecto también eleva las penas y establece que no procederá el beneficio de las penas sustitutivas para los delitos de homicidio, castración, mutilación o lesiones graves policías o gendarmes.

Además, plantea que los que hayan sido condenados a prisión por los delitos antes mencionados, sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena.

El rechazo al presidente chileno ha crecido dos puntos hasta el 79 por ciento en apenas una semana, en medio de la crisis que sufre el país por las protestas contra la desigualdad social, según un sondeo de opinión publicado este lunes por Cadem.

El propio Piñera ha reconocido que le "duele" la caída en las encuestas. "Me duele el bajo apoyo, porque lo único que uno hace es trabaja para mejorar la vida de los chilenos", ha afirmado en una entrevista en la Asociación de Radiodifusores de Chile. Sin embargo, ha subrayado que "no hemos abandonado nuestro programa de gobierno". "Si uno lo ve estaba contemplado el aumento de las pensiones, de los ingresos, una reforma a la Salud, Educación", ha asegurado.

Sin embargo, descarta la dimisión. "No he pensado en renunciar, por una razón simple: fui elegido presidente por una mayoría de chilenos y tengo el deber de cumplir ese mandato. A veces el camino más fácil puede ser escapar, eludir. No soy de esas personas".

CRISIS EN CHILE

Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional.

Más de 20 personas han muerto por la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, entre ellas cinco de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha acusado a las fuerzas de seguridad.

Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una "agenda social" para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo.

Además, el presidente chileno ha accedido 'in extremis' a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.