El magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía y a partir de un informe de la Policía Nacional que no advertía conexiones de los convocantes con Batasuna, insta en todo caso a la Delegación del Gobierno en el País Vasco y a la Ertzaintza a evitar la comisión de actos delictivos durante la misma y el ensalzamiento de la organización terrorista.

En un auto dictado este viernes, argumenta que "no hay base para apreciar que tras la convocatoria se encuentre ETA u otra organización terrorista a ella asimilada, ni aún que se pretenda una exaltación de las mismas o sus métodos ni de sus autores".

Tampoco entiende que la marcha pueda conllevar "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas". La prohibición de la manifestación, impulsada por el colectivo de familiares de presos etarras Etxerat, fue solicitada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ) y Voces contra el Terrorismo (VCT), que argumentaron que su celebración supondría el enaltecimiento de las actividades delictivas de la banda.

CRITICAR LA POLÍTICA PENITENCIARIA ES "LEGÍTIMO"

Sin embargo, Pedraz señala en su resolución que "no existen elementos o indicios" que acrediten el carácter delictivo de la convocatoria porque, a su entender, resulta "obvio" que "no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional".

Del mismo modo, rechaza la posibilidad de "prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad (en el caso calificar a los presos como "políticos"). En este sentido, destaca que la manifestación ha sido convocada por una plataforma formada por un centenar de personas de la vida política, cultural y deportiva del País Vasco que "no tienen vinculación con ninguna organización ilegalizada", tal y como defendió en su informe la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que también advirtió de que "alguna ha estado vinculada con la denominada izquierda abertzale".

El auto también refleja que la convocatoria ha recibido "muchas adhesiones", entre las que se encuentran tanto las del colectivo de presos de ETA y el grupo de familiares Etxerat como las de formaciones políticas democráticas, diversos agentes sociales y sindicales y ciudadanos" sobre los que "no hay constancia de que se hallen vinculados con la citada izquierda abertzale ni menos aún con organizaciones ilegalizadas".

A pesar de que la modificación de la política penitenciaria del Gobierno es "una reivindicación" de la ilegal Askatasuna, Pedraz señala que en este caso se produce "una coincidencia de ideas" entre organizaciones ilegalizadas y democráticas. En todo caso, señala que dadas esas "controvertidas adhesiones", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben actuar para evitar que "la manifestación pueda ser aprovechada por esas otras organizaciones y/o personas o colectivos para otros fines ilícitos".

CONTRADICCIÓN ENTRE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL

En su informe, el fiscal Jesús Alonso solicitaba la "no prohibición" de la convocatoria a partir del informe elaborados por la Policía Nacional, aunque instaba al juez a pedir que adoptaran las "medidas de seguridad oportunas" para evitar que durante la marcha "se profieran expresiones de apoyo a organizaciones terroristas o a cualquiera de sus miembros, o se exhiban pancartas o lemas con tales fines, en cuyo caso deberían proceder a la disolución de la convocatoria y adoptar las medidas para poner a disposición judicial de las personas autores de tales hechos".

El juez ha contado con un informe del Cuerpo Nacional de Policía en el que se defendía que, "atendiendo a la identidades de los convocantes y del comunicante, resulta evidente que no tienen vinculación con ninguna organización ilegalizada, aun cuando la modificación de la política penitenciaria sea una reivindicación de Askatasuna y forma parte de su planificación".

De la misma forma, el informe policial señala que la marcha está concebida a partir de "la idea de incorporar a la movilización a distintos agentes políticos y sociales ajenos a la izquierda abertzale, pero que coinciden en reivindicar una modificación de la política penitenciaria y la amnistía".

Sin embargo, la Guardia Civil emitió otro informe en el que subraya que "aunque los convocantes y los que han actuado como portavoces de dicha convocatoria se presenten como representantes de la cultura vasca, un número importante de ellos han participado como candidatos o interventores de la ilegalizada Batasuna o de sus sucesores como PCTV o ANV".

De igual modo, el instituto armado destacaba "la vinculación" de "muchos" de los promotores con "el mundo de Batasuna y de su entorno". Por su parte, la Ertzaintza ponía de manifiesto que "algunos" de los convocantes "sí han tenido algún tipo de relación con el mundo de Batasuna y abertzale".

APOYO DE FORMACIONES POLÍTICAS

La marcha cuenta con el apoyo de formaciones políticas como Eusko Alkartasuna, Aralar, Batasuna, Alternatiba y Abertzaleen Batasuna (AB), que han anunciado su intención de exigir "medidas" que den "oxígeno a una nueva etapa donde todos los derechos sean respetados". Bajo el lema Euskal presoak euskal herrira eskubide guztiekin. Egin dezagun urratsa (Los presos políticos vascos al País Vasco con todos sus derechos.

Demos un paso adelante), la manifestación tiene previsto recorrer las calles de la capital vizcaína desde las 17.30 horas del próximo sábado.