Ortega ha advertido de que en su despacho podría darse una situación similar a la vivida en la Asamblea Nacional a principios de julio, cuando un grupo de personas irrumpió de forma violenta durante una sesión extraordinaria.

"Esto podría ocurrir perfectamente de la misma manera que en las sedes del Ministerio Público", ha aseverado.

En un documento de 24 páginas, Ortega ha actualizado la solicitud presentada el 15 de julio, en la que pedía la aplicación de "medidas cautelares" por parte de la CIDH en un intento por "proteger" a los trabajadores del Ministerio Público tras las últimas medidas puestas en marcha por Maduro y el Tribunal Supremo de Juticia (TSJ).

Ortega ha destacado, en el nuevo texto, la importancia de que la protección se extienda a su familia y sus subalternos, según ha informado el diario local 'El Universal'.

La fiscal se había mantenido junto al 'chavismo' hasta hace unos meses, cuando comenzaron las manifestaciones multitudinarias contra Maduro por la injerencia del Gobierno en los demás poderes del Estado y la crisis política y social.

Entre otros frentes, ha cuestionado la legalidad de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro y ha denunciado un "desmontaje progresivo" de su oficina como represalia por sus posiciones.

La CIDH tiene la facultad de solicitar a un Estado en cuestión que prevenga daños irreparables contra personas en situación de riesgo.

La fiscal general de Venezuela dice que

seguirá "al lado del pueblo" aunque el

Supremo la cese

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha advertido este miércoles de que seguirá "al lado del pueblo" aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decida cesarla en el antejuicio de mérito que tiene pendiente por "faltas graves" en el ejercicio del cargo.

"Si me van a destituir que lo hagan. Yo tengo un compromiso de Estado y con el país mientras sea la fiscal general. No me van a detener. Seguiré al lado del pueblo", ha dicho la jefa del Ministerio Público en una entrevista concedida a Noticiero W.

Ortega Díaz ha vuelto a denunciar que el TSJ pretende "amedrentar" a la Fiscalía General y "a quien la representa" con sentencias que suponen "un disparate jurídico".

El objetivo del alto tribunal sería "evitar la acción del Ministerio Público" para derivarla a otras instituciones leales al Gobierno, como la Defensoría del Pueblo.

"El TSJ se ha convertido en un órgano investigador" cuyos magistrados carecen de legitimidad porque fueron designados 'in extremis' en 2015 por el Parlamento saliente, controlado por el 'chavismo', antes de que el nuevo, con mayoría opositora, iniciara su legislatura en 2016, ha recalcado.

Además, ha lamentado la "absoluta anarquía" que reina en Venezuela, tanto a nivel institucional --"no hay ninguna autoridad que ponga orden en este país"-- como en las calles, ya que "hay una situación de violencia desde hace años, más allá de las manifestaciones" actuales.

Así las cosas, ha llamado a la "reflexión" para evitar nuevos enfrentamientos. "El Estado hay que ordenarlo. La gente quiere seguridad y tranquilidad. Las personas quieren que cesen el acoso y las persecuciones (...) Están hartos de estas anomalías", ha sostenido.

EL VERSO SUELTO DEL 'CHAVISMO'

Ortega Díaz ha sido una leal 'chavista' durante años pero en los últimos meses ha pronunciado sus primeras críticas contra el Gobierno. En concreto, ha reprochado a Nicolás Maduro la represión de las manifestaciones opositoras, los juicios militares contra civiles y su injerencia en los demás poderes del Estado.

En las últimas semanas, ha arreciado su ofensiva contra el Palacio Miraflores y ha hecho un llamamiento a "todos los venezolanos" a rechazar la Asamblea Constituyente convocada por el presidente por considerar que destruirá el legado de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.

Ortega Díaz ha denunciado que su familia ha recibido amenazas. "A mi familia la acosan, la persiguen patrullas que parecen ser del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia)", dijo. "Las amenazas que yo he recibido han sido por televisión, que creo las ha visto todo el mundo", añadió.

Venezuela está sumida en una grave crisis política desde hace años que ha alcanzado un nuevo pico desde abril con protestas diarias en Caracas y otras importantes ciudades que se han saldado con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Más de 90 personas han muerto, según el balance oficial.