El régimen iraní ejecutó este martes a un grupo de hasta 20 milicianos islamistas kurdos condenados a pena de muerte por ataques contra las fuerzas de seguridad y clérigos chiíes y suníes, unas condenas que los grupos defensores de los Derechos Humanos denunciaron por considerar que se basaron en confesiones obtenidas mediante torturas.

Zeid ha dicho que los reos han sido ejecutados por "supuestos delitos relacionados con terrorismo" y ha recordado que varios de los sentenciados era suníes de la comunidad kurda. "La aplicación de cargos delictivos vagos y excesivamente amplios y el desdén por los derechos de los acusados al debido proceso y a un juicio justo llevan en estos casos a una grave injusticia", ha afirmado Zeid, en un comunicado.

Zeid ha asegurado que Shahram Ahmadi, uno de los ajusticiados, fue supuestamente agredido y obligado a firmar un documento en blanco en el que se escribió su confesión. Irán es uno de los países que más ejecuciones de la pena capital lleva a cabo, según los grupos de defensa de los Derechos Humanos. Human Rights Watch ha denunciado esta semana que la República Islámica ha ejecutado a al menos 230 personas en 2016.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha asegurado que Hassan Afshar, un joven de 19 años que tenía 17 cuando fue arrestado y condenado por violación, fue ejecutado el pasado mes de julio.

"La ejecución de delincuentes menores de edad es particularmente aberrante y emplazo a Irán a respecta la estricta prohibición de esta práctica de acuerdo con el derecho internacional humanitario", ha concluido.

Turquía suspende a 167 investigadores del

Consejo de Investigación Científica y

Tecnológica del país

Las autoridades turcas han suspendido a 167 investigadores del Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía (Tubitak) como parte de la purga llevada a cabo por el Gobierno a raíz del intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 14 de julio en el país, según ha informado este viernes el ministro de Industria, Faruk Ozlu.

Más de 60.000 personas, entre las que se encuentran profesores, jueces, militares y funcionarios, han sido detenidas o suspendidas por haber estado involucradas, presuntamente, en el intento de golpe de Estado. Según Ankara, los golpistas están vinculados al movimiento Hizmet (Servicio) del clérigo islamista Fetulá Gulen, al que las autoridades acusan de subversión y rebelión contra el Estado.

Gulen se trasladó a Estados Unidos en 1999 como parte de un exilio autoimpuesto tras haber acusado al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, así como a algunos de sus familiares, de estar involucrados en varias tramas de corrupción.

Según varias organizaciones de Derechos Humanos, al menos 1.684 jueces y fiscales se encuentran en prisión preventiva desde que se produjo la intentona golpista como parte de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para "limpiar las instituciones de terroristas", que según las autoridades ponen en peligro la seguridad y estabilidad del país.