El ministro ha abierto el debate de esta ley, al que asisten como invitados un buen número de alcaldes de todo el país, entre ellos Ana Botella (Madrid), Rita Barberá (Valencia), Abel Caballero (Vigo) e Iñigo de la Serna (Santander), estos dos últimos, vicepresidente segundo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.  

  Cristóbal Montoro ha calificado la postura del Gobierno en el largo proceso de redacción de la ley de "transparente y dialogante", lo que ha dado pie a importantes cambios en asuntos que causaban "preocupación", ha dicho.  

  Entre ellos, el ministro se ha referido concretamente al coste estándar, el coste máximo que debían tener los servicios para que un municipio pudiera seguir prestándolos, con la obligación de traspasarlos si no a las diputaciones o comunidades.  

  Montoro ha explicado que se retiró esta parte de la ley tras el informe del Consejo de Estado, crítico con la redacción dada, y para evitar interpretaciones de "menoscabo alguno de la autonomía municipal". Y se retiró de la ley, ha dicho, aunque era una medida "bien valorada y recibida por quienes nos supervisan desde otros ámbitos, incluida la Unión Europea".  

  El ministro ha subrayado que la ley en general permite que el ciudadano reciba "el mejor servicio en las mejores condiciones de eficiencia y de coste" y que los ayuntamientos tengan claro el alcance de sus competencias, evitando "la permisividad de las competencias conocidas como impropias".  

  Montoro ha aprovechado para resaltar de nuevo el trabajo financiero de los municipios, "las únicas administraciones con superávit y que están superando los objetivos de estabilidad presupuestaria". En 2012, cerraron en conjunto con el 0,22% del PIB, en lugar del -0,33% que tenían autorizado. "Excelente gestión y esfuerzo de los ciudadanos, que aprecian que los ayuntamientos estén saneados", ha dicho.

MECANISMOS PARA GARANTIZAR SERVICIOS

   El responsable de Administraciones Públicas ha repasado todos los capítulos de la ley. Entre ellos, ha defendido los mecanismos que se establecen para garantizar la prestación de los servicios por la administración que tiene la competencia, desde los principios de la eficiencia.  

  Montoro ha explicado que se redactan con claridad las competencias propias de los municipios y las que pueden ejercer por delegación de las autonomías, con garantía de que sólo una administración, y con financiación para ello, desarrollará ese servicio.  

  Ha recordado que se calculará el coste efectivo de los servicios, según una metodología que dará Hacienda y antes del 1 de noviembre de cada año, las administraciones locales harán las cuentas y deberán publicar los resultados. "Se tendrá en cuenta los costes reales conforme a los datos de ejecución de gastos", ha dicho el ministro. "Es un modelo abierto y orientado a una administración por resultados", ha añadido.   

 El ministro ha defendido también el nuevo papel de las diputaciones, como supervisoras de la prestación de servicios. "Podrán sumir determinados servicios mínimos de los municipios, mediante consorcios, mancomunidades u otras fórmulas", ha repasado. Este paso deberá estar acordado con el municipio en cuestión.