Cerca de 1.500 grupos cívicos progresistas y liberales han organizado para este sábado una protesta masiva en torno a la plaza de Gwanghwamun para exigir la salida de Park del Gobierno, en el mismo momento en que la oposición --e incluso parte de su propio partido-- busca presentar una moción para iniciar un 'impeachment' --juicio político-- contra ella.

Los organizadores de la manifestación estiman que cerca de 1,5 millones de personas podrían sumarse a la marcha, una cifra muy superior a los 600.000 que participaron ya hace una semana. Hace dos semanas, más de un millón de surcoreanos se citaron en Seúl, el número más alto de manifestantes que registraba el país en décadas, según la agencia surcoreana de noticias, Yonhap.

Si bien las protestas anteriores se han celebrado de forma pacífica y sin problemas, la Policía ha anunciado que desplegará a 25.000 agentes por toda la ciudad ante la posibilidad de que se desate cualquier incidente. La de este sábado será la quinta manifestación de este tipo que se celebra desde que estalló el escándalo a finales de octubre, con la detención de Choi Soon Sil por cargos de fraude y abuso de poder.

No obstante, los observadores apuntan a que en esta ocasión logrará convocar a más surcoreanos, precisamente porque será la primera protesta que se celebre desde que la Fiscalía señaló a la presidenta como cómplice.

Si bien es la oposición la que ha iniciado el debate sobre un posible juicio político a la mandataria surcoreana, al menos 40 diputados del Partido Saenuri apoyan esta iniciativa, que buscan impulsar a principios de diciembre.

Dado que toda la oposición y los diputados independientes respaldan esta iniciativa, para poder aprobarse necesita el apoyo de al menos 28 miembros de la formación de Park para poder alcanzar la cuota mínima de 200 votos de los 300 escaños de la Asamblea Nacional.

LA PEOR CRISIS DEL PARTIDO CONSERVADOR

El partido conservador se enfrenta a su peor crisis tras salir a la luz esta trama, que señala tanto a la presidenta como a algunos de sus socios más próximos.

Esta misma semana, la Fiscalía ha registrado las sedes de la compañía Samsung y del Servicio Nacional de Pensiones (SNP), ante las acusaciones de que la oficina presidencial pudo tener cierta influencia en la decisión del fondo de pensiones de respaldar el plan de fusión de la empresa el año pasado.

El SNP --que obtuvo un 11,6 por ciento de las acciones de Samsung C&T, la rama de construcción de Samsung, un cinco por ciento de las de Cheil Industries-- jugó un papel clave en la fusión de ambas unidades, según la citada agencia.

En concreto, los fiscales están investigando si Park presionó al SNP para que apoyara a Samsung a cambio de que la compañía respaldara a la confidente de la presidenta Choi Soon Sil, imputada hace casi una semana.

La semana pasada se citó a declarar al presidente del Grupo Hyundai Motor, Chung Mong Koo, y al vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae Yong, sobre las donaciones de fondos de sus compañías a dos organizaciones sin ánimo de lucro controladas por Choi.

En esta redada las autoridades han confiscados discos duros de varios ordenadores, teléfonos móviles y documentos relacionados en la sede del SNP en Jeonju, a unos 240 kilómetros al sur de la capital, Seúl, y en su oficina del sur de la capital.

PAPEL DEL SNP EN LA FUSIÓN

El respaldo del SNP a la fusión de Samsung C&T y Cheil Industries levantó serias críticas, ya que esta decisión no fue revisada por una junta independiente.

Los fiscales sospechan que el grupo entregó 3.500 millones de wones --unos 2,8 millones de euros-- a una de las compañías de las que Choi --la confidente de Park-- era propietaria. Asimismo, creen que Samsung entregó otros 20.400 millones de wones --más de 16 millones de euros-- a otras dos fundaciones sin ánimo de lucro gestionadas por Choi.

Además de Choi, dos exasesores presidenciales han sido detenidos, y la propia presidenta será interrogada por este caso. A pesar de haberse disculpado públicamente ante el pueblo, el índice de aprobación de Park cayó a un mínimo histórico del 4 por ciento, según la compañía local de sondeos Gallup Korea, hasta un punto menos del 5 por ciento registrado la semana anterior.

La Constitución de Corea del Sur no permite procesar a un presidente en ejercicio, pero algunos funcionarios de alto rango han señalado que es admisible un interrogatorio como parte de una investigación más amplia.