En su comunicado, el Gobierno ha afirmado que la decisión ha sido "difícil, pero inevitable", al tiempo que ha recalcado que desde 2012 "ha mantenido una cooperación máxima con la Commonwealth desde 2012".

"Maldivas se unió a la Commonwealth en 1982 con grandes esperanzas y expectativas, convencido de que la organización sería un escenario para coordinar asuntos importantes de los países miembro y, en particular, de los miembros más pequeños", ha explicado.

Así, ha reiterado que, desde 2012, "ha mostrado máxima transparencia y ha colaborado con la Commonwealth al más alto nivel", argumentando que "esperaba que esto produjera resultados fructíferos".

"Lamentablemente, la Commonwealth no ha reconocido los progresos y éxitos de Maldivas fomentando la cultura de la democracia en el país y de consolidación de instituciones democráticas", ha apuntado.

El Gobierno ha detallado que el presidente, Abdulá Yamin, ha aplicado 110 leyes, de las cuales 94 "están relacionadas directamente con valores fundamentales de la Carta de la Commonwealth".

"Una mayoría aplastante de ellas, 69 de las 94, estaban diseñadas específicamente para promover los Derechos Humanos, fortalecer la gobernanza y reforzar la separación de poderes", ha defendido.

Por ello, ha criticado los intentos del organismo de "aplicar sanciones punitivas" contra el país desde 2012, fecha en la que Yamin accedió al poder tras el derrocamiento de su predecesor, Mohamed Nashid.

El Gobierno ha defendido "la transferencia de poderes que tuvo lugar", agregando que "se siguieron los procedimientos establecidos en la Constitución" y criticando "la decisión de la Commonwealth de penalizar a Maldivas" por ello.

RESPUESTA DE LA COMMONWEALTH

En respuesta, la secretaria general de la Commonwealth, Patricia Scotland, ha expresado a través de un comunicado su "tristeza y decepción" por la decisión de Maldivas.

"La Carta de la Commonwealth refleja el compromiso de los estados miembro con la democracia y los Derechos Humanos, el desarrollo, el crecimiento y la diversidad", ha dicho.

"Seguiremos defendido estos valores y apoyando a todos los estados miembro, especialmente a los estados pequeños y en desarrollo, para que cumplan y avancen en estos campos, para beneficio de sus ciudadanos", ha agregado.

Por ello, Scotland ha expresado su deseo de que "se trate de una separación temporal" y de que "Maldivas se sienta capaz de regresar a la familia de la Commonwealth y todo lo que representa".

Uno de los principales problemas planteados por el organismo es la detención de numerosos líderes opositores, incluido Nashid, así como el deterioro de las libertades en el país, que celebró sus primeras elecciones multipartidistas en 2008.

El Gobierno de Maldivas promulgó en agosto una dura legislación contra la difamación y aplicó nuevas restricciones al derecho de manifestación. Además, planea reintroducir la pena de muerte, tras 60 años de moratoria extraoficial.