La Unión ya adelantó a primera hora de este jueves que pese al anuncio de Caracas no se había recibido "ninguna notificación formal" de expulsión en Bruselas y que, en cualquier caso, el bloque era partidario de agotar las vías diplomáticas para solucionar esta cuestión antes de explorar medidas recíprocas.

Finalmente, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, han hablado por teléfono y "coincidido en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político", según un comunicado difundido por las partes.

En consecuencia, añade el comunicado, "el Gobierno venezolano decidió dejar sin efecto la decisión tomada el pasado 29 de junio de 2020, mediante la cual se declaró 'persona non grata' a la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas".

Borrell y Arreaza, además, han acordado en su conversación "promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel, en el marco de una cooperación sincera y del respeto al Derecho Internacional".

El ministro de Exteriores venezolano ha indicado en declaraciones a la cadena Telesur que la conversación tuvo lugar con "franqueza" y ha asegurado que Caracas ha trasladado así a la UE "la molestia del pueblo venezolano y del Gobierno ante la permanente insistencia de inmiscuirse en asuntos internos" del país y "emitir acciones que no tienen base legal alguna".

En este sentido, ha recalcado que el objetivo del diálogo entre las partes es "evitar tergiversaciones" y buscar que "se conozca la versión del Estado venezolano" para poder así" subsanar cualquier tipo de diferencia (...) y fomentar la colaboración".

"Aspiramos (con este comunicado) a lograr un efecto positivo", ha aseverado Arreaza, que ha manifestado que espera que haya un "gesto por parte de Europa que muestre una posición mucho más objetiva sobre los acontecimientos" en el país caribeño.

Sobre una posible reciprocidad, ha señalado que el Gobierno de Maduro espera un "gesto que acompañe al realizado por Venezuela y que permita mejorar la relación". Así, ha aprovechado para resaltar que el comunicado ha sido emitido por ambas partes, por "la UE y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela". "El comunicado habla por sí mismo, es una señal clara en términos diplomáticos de reconocimiento", ha insistido.

Si bien ha afirmado que en Venezuela hay "procesos democráticos, un presidente producto de unas elecciones y poderes públicos plenamente en funciones", hay que dejar de lado el "seguidismo" y la "estrategia de cambio de gobierno impulsada por Washington".

"Queremos que Europa se independice en cuestiones referentes a veneruela y a otras cuestiones de Latinoamérica sin dejar que intervenga el ruido de Estados Unidos", ha remachado.

UNA MEDIDA "DESPROPORCIONADA"

El jefe de la diplomacia europea aseguró el martes que los 27 tomarían las medidas recíprocas adecuadas, pero evitó dar detalles sobre las mismas y admitió que la UE no tiene el poder para expulsar al embajador de un país tercero acreditado ante un Estado miembro, porque esta competencia es exclusiva del Estado miembro anfitrión.

También el martes la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, citó al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para trasladarle que España veía esta medida "desproporcionada", en un momento en el que "la diplomacia es más necesaria que nunca".

Este nuevo pulso diplomático entre Caracas y la UE tuvo lugar días después de que los Estados miembro acordaran sanciones contra el presidente electo "de forma ilegal" de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra, y otra decena de altos funcionarios, incluidos varios vicepresidentes de la Asamblea Nacional y fiscales.

Con la decisión del pasado viernes, la UE elevó a 36 el número total de autoridades venezolanas sobre las que ha impuesto medidas coercitivas, como la congelación de haberes y la prohibición de entrada en territorio de la UE.