"Sin ninguna arrogancia, quiero decir que quiero ser candidato para ganar las elecciones. Nada de bajar la cabeza", ha dicho Lula en una reunión del Partido de los Trabajadores (PT) celebrada en la ciudad de Sao Paulo que ha servido para arropar al ex presidente.

Lula ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila" porque es "inocente" y ha insistido en que la sentencia es "una decisión política" que forma parte de una campaña para "criminalizar" al PT y su legado porque "por primera vez colocaron a los pobres en el centro de la discusión social".

"Obviamente, no estoy feliz", ha afirmado, si bien ha considerado que su vuelta a la política es necesaria "para gobernar de forma decente y recuperar Brasil". Ha reclamado además el apoyo de los brasileños para demostrar a este supuesto "cártel político" que no está solo.

La también ex presidenta Dilma Rousseff, delfín político de Lula, ha respaldado esta teoría. Ha sostenido que el proceso judicial ha sido "una farsa" cuyo objetivo sería dinamitar las próximas elecciones, para las que el antiguo dirigente sindical parte como gran favorito.

Rousseff se define a sí misma como una víctima de esta supuesta persecución política porque fue destituida en 2016 en un 'impeachment' celebrado el Senado por las irregularidades contables de su Gobierno. Según denuncia, fue cesada por continuar con las políticas sociales iniciadas por Lula.

¿CANDIDATO?

El PT ha aprovechado este acto multitudinario para ungir a Lula como su candidato presidencial, aunque se trata de un acto netamente simbólico.

"Aquí va un recado para el Poder Judicial: no penséis que mandáis en el país. Nosotros, los movimientos populares, no aceptaremos de ninguna manera e impediremos de todas las formas posibles que nuestro compañero Lula quede preso", ha dicho el Joao Pedro Stédile, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra.

Lo cierto es que a Lula todavía le queda un largo recorrido judicial debido a la decisión unánime de los tres jueces del Tribunal Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre, de no solo ratificar la condena por blanqueo de capitales y corrupción pasiva, sino además subir la pena de nueve años y medio a doce años y un mes.

La segunda instancia ha quedado cerrada con este fallo. La defensa de Lula solo podrá pedir una aclaración de ciertos puntos de la sentencia que revisarían los mismos tres jueces y que en ningún caso podrían revocar la condena ni modificar la pena.

Lula puede recurrir, sin embargo, a dos instancias superiores: el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal. Para entonces, el ex mandatario podría haber entrado ya en prisión, si bien lo normal es que la defensa solicite que espere la resolución de dichos recursos en libertad condicional.

De acuerdo con la legislación brasileña, hasta que no haya una sentencia firme es posible que Lula concurra a las urnas. El Tribunal Supremo Electoral será el encargado de analizar su inscripción como candidato presidencial del PT, algo que debe decidir antes del 17 de septiembre.

Henrique Neves, un antiguo juez del TSE, ha explicado a Reuters que, incluso si las autoridades electorales se niegan a admitir a Lula como candidato, éste podrá acudir a instancias superiores alegando una vulneración de derechos fundamentales.

En el caso de que Lula consiguiera el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón al juez federal Sergio Moro --quien le condenó en primera instancia el pasado 13 de julio por recibir un tríplex de lujo como pago por favores políticos--, los votos que haya recibido serán anulados.