Los 14 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tienen que decidir si este tribunal es competente para seguir investigando el chivatazo que ETA recibió el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) han finalizado su primera reunión sin alcanzar un acuerdo sobre el futuro de la causa, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.  

  La deliberación, que ha durado más de dos horas y media, ha comenzado con una exposición del magistrado José Ricardo de Prada, que ha esbozado los términos de la ponencia que presentará a sus compañeros. Después han tomado la palabra la mayoría de los integrantes de la Sala de lo Penal, que han comenzado a fijar su posición con respecto a los recursos de apelación presentados contra el auto de procesamiento.   

 "Ha sido un debate muy técnico, muy rico y muy jurídico, que se ha desarrollado de forma muy sosegada", indicaron las citadas fuentes, que añadieron que el Pleno se volverá a reunir esta tarde a partir de las 16.00 horas.  

  En un voto particular que dictó el pasado 5 de abril, De Prada  defendió que el chivatazo no podía suponer un delito de colaboración con organización terrorista y que tenía "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz".

"PUESTA EN COMÚN"   

 Según las citadas fuentes, los magistrados han iniciado el debate con "una puesta en común" de sus puntos de vista aunque no han entrado a examinar en profundidad si los hechos podrían constituir un delito de colaboración con organización terrorista, penado con un máximo de diez años de cárcel. En el caso de que avalaran el procesamiento por este delito la competencia residiendo en la Audiencia Nacional.  

  Si por el contrario la mayoría de la Sala estimara que los tres procesados únicamente pueden ser imputados por revelación de secretos o encubrimiento, el juez instructor, Pablo Ruz, se vería obligado a enviar el procedimiento a un juzgado de Irún, donde se produjeron los hechos.

 EL FISCAL CAMBIA DE CRITERIO  

  Durante la vista celebrada el martes, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se adhirió parcialmente al recurso de apelación contra el procesamiento presentado por el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, y pidió al Pleno que se inhiba de la causa. A su juicio, los tres procesados no tenían la intención de "ayudar" a la banda terrorista sino que perseguían "otras motivaciones".   

En la causa se encuentran procesados desde el pasado 13 de julio el exdirector general de la Policía, Víctor García-Hidalgo, que habría ordenado el chivatazo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, que lo habría llevado a cabo; y el inspector José María Ballesteros, que se habría desplazado hasta el Faisán. El juez instructor, Pablo Ruz, cree que el soplo impidió la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitió su financiación a través de la extorsión a empresarios.

SUSPENDIDA UNA VISTA SOBRE EL CASO  

  Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha decidido suspender una vista que había convocado para este miércoles al objeto de analizar el recurso de apelación que la defensa de Pamiés había presentado contra la decisión del juez Ruz de negar la práctica de varias diligencias de investigación. Según fuentes jurídicas, el tribunal ha decidido acordar un aplazamiento al entender que la resolución del recurso podría verse afectada por la decisión que tome la Sala de lo Penal.

   La defensa del jefe superior de Policía en el País Vasco reclama que se tome declaración a los policías que integraban el equipo de investigación, se analice una nueva franja de llamadas entre los sospechosos, se investiguen los encuentros que el dueño del Faisán, Joseba Elosua, tuvo antes del soplo y se anule la conversación en la que aseguraba que su comunicante le dio el chivatazo para "no fastidiar el proceso".