Quienes asistimos el lunes a la mesa redonda "organizada por la Fundación Valores y Sociedad y la Fundación Villacisneros- sobre "El coraje cívico en la defensa de España" salimos de allí con sentimientos encontrados. De un lado, la admiración y gratitud hacia héroes como Ortega Lara, Dolores Agenjo (la única directora de instituto que se negó a permitir que se instalaran en su centro las urnas del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014), Consuelo Ordóñez, o como los profesionales catalanes (Mariano Gomá y Josep Bou, que representaban a Sociedad Civil Catalana y Empresaris de Catalunya) dispuestos a poner en peligro sus negocios y carreras plantando cara al rodillo separatista. De otro, la desolación de comprender que, si esas personas se han convertido en símbolos, ha sido precisamente por constituir nobles excepciones en un panorama general de entreguismo, traición e indiferencia. Entreguismo de las autoridades del Estado, arrugadas desde hace décadas frente al desafío y el chantaje (Una idea aparecía una y otra vez en los mensajes de los ponentes: "Mientras nosotros nos jugamos el tipo? ¿qué hace el Gobierno?"). Traición de una izquierda que considera franquista la noción de unidad nacional y reconoce al menos una parte de razón a los secesionistas, proponiendo reformas constitucionales y vías intermedias inicuas (que, además, resultarían tan inútiles como las innumerables concesiones realizadas desde hace cuarenta años). Traición de una derecha de vuelo gallináceo, limitada a la gestión tecnocrática del día a día y alérgica a cualquier idea, incluida la idea de España. Indiferencia de una sociedad cansada del problema vasco-catalán y lenta en solidarizarse con los que defienden la patria común en el tercio de territorio asolado por el separatismo.

Resultó muy sugestiva la intervención de José Campos, de la Fundación Nacional Círculo Balear. El nacionalismo balear es muy débil: nunca ha superado el 10% de los votos. Sin embargo, las islas padecen una situación de inmersión lingüística y adoctrinamiento anti-español en las escuelas apenas diferente a la de Cataluña. A falta de un nacionalismo balear, el PSOE y el PP han asumido el papel de tal cuando han ocupado el gobierno regional. En Valencia se ha dado una situación comparable. El caso balear confirma hasta qué punto el sistema autonómico ha favorecido la centrifugación de España, inventando nacionalismos donde no los había, potenciando particularismos y creando hechos diferenciales que justifiquen la necesidad de autonomía. Para colmo, en Baleares se ha aplicado un nacionalismo foráneo: el catalán. El idioma vehicular de las escuelas no es el mallorquín, sino el catalán de Pompeu Fabra; en las clases de historia se presenta a las islas como parte de los imaginarios Países Catalanes. Con tal de no defender la identidad española de las islas, los gobiernos autonómicos de PSOE y PP han preferido someterse al pancatalanismo. Seguramente han olvidado cómo en agosto y septiembre de 1936 Mallorca resistió bravamente con las armas un intento de desembarco de la Generalitat catalana (la Columna de Barcelona de Alberto Bayo), en el marco de nuestra Guerra Civil.

De entre los ponentes, sólo José Antonio Ortega Lara, integrado en Vox, tiene militancia política conocida. Los demás estaban allí en representación de la sociedad civil resistente. El dato es trágico. Que tengan que ser las directoras de instituto, los arquitectos y los empresarios panaderos los que den un paso al frente para defender la dignidad nacional revela una situación terminal de traición de la clase política y bancarrota del Estado de Derecho. No nos engañemos sobre la capacidad de influencia de la sociedad civil: un movimiento grassroots que carezca de articulación política y eco mediático masivo está condenado a la marginalidad testimonial. Los pro-vida sabemos mucho de eso.

Los diez justos que Abraham invocó en su regateo con Yahvé sólo sirvieron para aplazar, pero no impedir, la destrucción de Sodoma. El heroísmo de algunos individuos y little platoons (Burke) no podrá contrapesar la traición de una clase política indigna y la impotencia de un Estado incapaz de hacer cumplir la ley.