El líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', y los negociadores de la guerrilla llegaron el lunes a Bogotá para cerrar los últimos flecos del nuevo acuerdo de paz y estampar en él su firma para comenzar cuanto antes la implementación.

Al mismo tiempo, el equipo del Gobierno se reunía con los líderes de la campaña del 'no', que se logró imponer en el referéndum celebrado el pasado 2 de octubre sobre el primer acuerdo de paz, obligando a las partes a reabrir las negociaciones para hacer ajustes.

Nada más publicarse los nuevos textos de La Habana, el pasado 12 de noviembre, los portavoces del 'no' rechazaron esta versión revisada porque "no se hicieron muchos de los cambios sustantivos que se solicitaron".

Los negociadores de la Casa de Nariño se reunieron a última hora del lunes durante siete horas con los líderes del 'no', encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, para persuadirles de respaldar el nuevo acuerdo, pero sin éxito.

El 'no' ha insistido en la necesidad de convocar a un diálogo nacional para diseñar el acuerdo de paz y para ello se han ofrecido incluso a reunirse cara a cara con las FARC, aprovechando la presencia de sus dirigentes en Bogotá, algo a lo que hasta ahora se habían negado.

El 'uribismo' asegura que "el Gobierno ha negado la posibilidad de este acuerdo nacional sobre temas sustanciales", entre los que ha mencionado la justicia transicional, la participación política y el narcotráfico.

"El Gobierno nos ha dicho que estos temas no son revisables. Solamente propone un acuerdo de implementación en el Congreso, que no permitiría modificar los anteriores aspectos, fundamentales para el presente y futuro de nuestra democracia", han esgrimido en un comunicado.

Por su parte, el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, ha asegurado que el Ejecutivo ha negociado "con total lealtad" defendiendo las propuestas del 'no', con lo que se ha logrado "un nuevo acuerdo con cambios, ajustes y precisiones de fondo".

De la Calle ha detallado que se han conseguido modificaciones en la Jurisdicción para la Paz, la seguridad jurídica para policías y militares, la elegibilidad política de las FARC y la protección de la propiedad privada.

El portavoz de la Casa de Nariño ha renovado su oferta de "buscar un acuerdo político nacional", pero al mismo tiempo ha subrayado la urgencia de continuar con el proceso de paz, debido a la fragilidad de la tregua, que expirará el próximo 31 de diciembre.

"Hacemos un llamado patriótico y sincero a los colombianos (...) llegó la hora de avanzar. Llegó la hora de unirnos alrededor de este nuevo acuerdo, de este acuerdo mejorado y ajustado, para implementarlo, proteger lo alcanzado y avanzar hacia la consolidación del fin del conflicto y la construcción de la paz", ha reclamado De la Calle.

Por su parte, las FARC, que en las próximas horas se verán con los delegados del Gobierno, se han negado a reunirse directamente con los representantes del 'no'. "Uribe malgobernó, corrompió y ensangrentó a Colombia durante ocho años y nunca quiso la paz, sino la derrota de las FARC, no pudo. Dilatar no", ha escrito 'Pablo Catatumbo' en Twitter.

¿CÓMO RATIFICARLO?

Por otro lado, el 'uribismo' ha planteado también la necesidad de que el nuevo acuerdo de paz sea refrendado de la misma forma que el anterior, mediante un plebiscito en el que los colombianos se pronuncien sobre el conjunto del texto o solo sobre los puntos enmendados.

El asesor jurídico del Gobierno para el diálogo con las FARC, el ex ministro de Justicia Yesid Reyes, envió el lunes una carta a la Corte Constitucional para solicitar que elimine el artículo 5 del acto legislativo para la paz, que obliga a someter el acuerdo a las urnas.

Reyes también pide al alto tribunal que mantenga el llamado 'fast track', es decir, una tramitación de urgencia que reduce de ocho a cuatro los debates en el Congreso para aprobar cualquier acto legislativo, incluidos los textos de La Habana.

Si bien el modo de refrendación aún está por decidir, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha apuntado a la vía parlamentaria para dar el visto bueno al acuerdo modificado, descartando 'a priori' otro plebiscito.