El fiscal jefe de Estambul decidió a mediados de diciembre cerrar de forma oficial la investigación contra los cuatro exministros, apenas un día antes de que se cumpliera un año de su inicio, después de rechazar una objeción a su decisión de no continuar con los procedimientos del caso.

   Como resultado, la justicia retirará los cargos contra un total de 53 personas, entre ellos Baris Guler y Kaan Çaglayan, hijos de los exministros del Interior y de Economía Muamer Guler y Zafer Çaglayan, respectivamente.

   Así, la única investigación que seguía abierta en torno al caso de corrupción es la que llevaba adelante la citada comisión, establecida para investigar a los exministros Guler, Çaglayan, Erdogan Bayraktar y Egemen Bagis, quienes dimitieron tras las primeras detenciones.

   Esta comisión está integrada por los cuatro partidos con representación parlamentaria en base a la proporción de escaños que ocupan en la sede legislativa. Así, el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) cuenta con nueve de los 15 asientos. Han sido precisamente los parlamentarios del AKP los que han reclamado que se pospusiera la votación.

   De forma poco sorprendente, la votación llevada a cabo este lunes ha finalizado con nueve votos a favor --todos ellos por parte de los miembros del AKP-- y cinco en contra, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.

   En respuesta, el 'número dos' del grupo parlamentario del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), Levent Gok, ha lamentado que "lo que se ha visto es una operación destinada a acabar con la principal investigación por corrupción en el país".

   La decisión más controvertida ha sido la de destruir todas las grabaciones de llamadas telefónicas realizadas para sustentar el caso, que suponían las principales pruebas contra los cuatro exministros turcos.

   "La comisión anunció rápidamente tras la sesión que las grabaciones de las llamadas entre los exministros y sus hijos (implicados) serán destruidas. He pedido que se repita la decisión para que quede registrada oficialmente", ha dicho el 'número dos' del Partido de Acción Nacionalista (MHP), Mesut Dedeoglu.

   "He dicho que aunque se cierre el caso ahora, será abierto después de años y estas grabaciones serán decesarias. Nuestros hijos nos pedirán cuentas, nos preguntarán por qué destruimos las pruebas", ha remachado.

   El Gobierno acusó de la operación policial y la apertura de investigaciones por corrupción contra los entonces ministros a un 'estado paralelo', término utilizado por las autoridades para referirse a los simpatizantes del clérigo Fethulá Gulen, tras lo que prometió purgar la Policía y la judicatura, sectores donde cuenta con un importante respaldo.