"Constitucionalmente, el Gobierno británico no debería bloquearlo", ha dicho Davidson a BBC. Sin embargo, ha avanzado que hará campaña para que no se repita y, en caso contrario, abogará por mantener las relaciones con "el mayor mercado y el mejor amigo" de Escocia: Reino Unido.

La ministra principal de esta región británica, Nicola Sturgeon, ha valorado los comentarios de Davidson porque "suponen una concesión significativa de los conservadores escoceses", ya que hace apenas dos meses, en las elecciones regionales, se oponían a un segundo referéndum.

Los escoceses decidieron permanecer en Reino Unido en el referéndum celebrado el 18 de septiembre de 2014, siempre y cuando las condiciones no cambiaran. Para Sturgeon la victoria del 'Brexit' supondrá una transformación radical que avala una segunda consulta popular.

La posibilidad de someter otra vez a las urnas la vinculación de Escocia a Reino Unido ha generado una gran incertidumbre porque Sturgeon pretende que, en caso de imponerse la opción independentista, el territorio continúe en la UE.

Entretanto, el primer ministro británico, David Cameron, que abandonará el cargo el próximo otoño, guarda silencio sobre un segundo referéndum en Escocia. Los candidatos a sucederle tampoco se han pronunciado a este respecto.

Un despacho británico emprende acciones

legales para garantizar el rol del Parlamento

en el 'Brexit'

Un despacho de abogados británico ha emprendido acciones legales para garantizar que el Parlamento interviene en el proceso para que Reino Unido abandone la Unión Europea, conforme al resultado del referéndum celebrado el pasado 23 de junio.

"Se han dado pasos legales para garantizar que el Gobierno no desencadena el proceso para la retirada de la UE sin un acto parlamentario", ha anunciado Mishcon de Reya, que representa a empresarios e intelectuales, en un comunicado.

El bufete ha esgrimido que, si bien la decisión de continuar en la UE era de los británicos, una vez celebrada la consulta popular, "la decisión de activar el artículo 50 del Tratado de la UE, el proceso legal para la retirada, corresponde a los representantes del pueblo".

"El Gobierno, sin embargo, ha sugerido que tiene la suficiente autoridad legal" para decidir sobre el proceso, de ahí que Mishcon de Reya, a petición de sus clientes, haya reclamado "garantías" para que se respete la facultad del Parlamento para invocar el artículo 50.

"Si el proceso constitucional de escrutinio y aprobación del Parlamento no se sigue, entonces la solicitud de retirada de la UE será ilegal, lo que tendrá un impacto negativo sobre las negociaciones y nuestras futuras relaciones políticas y económicas con los 27 estados miembros", ha alertado.

La portavoz de David Cameron, citada por Reuters, se ha apresurado a contestar que, independientemente de cuándo decida el próximo primer ministro activar el artículo 50, "el Parlamento tendrá claramente un papel para asegurar que se encuentra el mejor camino a seguir".

"Hubo un apoyo abrumador en el Parlamento para dejar la decisión sobre la continuidad de Reino Unido en la UE al pueblo británico. Ya ha tomado una decisión y ahora, como país, debemos ponernos manos a la obra", ha añadido.