Los ayuntamientos que decidieron acudir al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo (Plan E) aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, no priorizaron la contratación de trabajadores a la hora de seleccionar los proyectos que serían financiados con este mecanismo, según concluye el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas.  

  "Los municipios no utilizaron el criterio del empleo como pauta para seleccionar proyectos, sino que una vez que se había decidido qué proyectos se presentarían al ministerio se incluyó, tal y como era obligatorio en aplicación de la normativa del FEIL, el número de trabajadores que se preveía ocupar en la ejecución de las obras", señala el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

   Todo ello, añade, "a pesar de que la creación de empleo fue un objetivo fundamental" de la creación del Fondo. Este criterio "no fue asumido por los ayuntamientos como prioridad en la selección de proyectos", y es más, el informe asegura que algunas de las entidades locales "adjudicaron contratos a empresas que no necesitaban realizar ningún contrato nuevo de personal para la ejecución del proyecto".  

  Por otro lado, las empresas adjudicatarias de los proyectos "incumplieron el compromiso de contratación de desempleados en el 11 por ciento de los contratos suscritos", según el informe, que calcula que el número de trabajadores desempleados afectados por este incumplimiento ascendió a 14.206.

 SÓLO EL 4% CONTINUÓ DESPUÉS DE 2011

   En cuanto al periodo de contratación de los trabajadores en las empresas adjudicatarias del FEIL, el documento indica que sólo el 4 por ciento de los que fueron contratados específicamente para la ejecución de estos proyectos continuaron trabajando en la empresa más allá del primer semestre de 2011. Además, el 67 por ciento de los empleados en la ejecución de estos proyectos ya formaban parte de la estructura de la empresa con anterioridad al Fondo.

   El 12 por ciento de los proyectos que adjudicó el entonces Gobierno de Zapatero fueron a parar a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo, mientras que en un 21 por ciento de las adjudicaciones las empresas declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por los ayuntamientos para hacer la solicitud de los fondos.  

  Ya una vez suscritos los contratos, un 24 por ciento fueron modificados por las entidades locales, lo que supuso un incremento medio del 13 por ciento del precio, según el informe. En el 54 por ciento de los expedientes la modificación fue "irregular".

   En el 69 por ciento de los contratos financiados por el FEIL, añade el Tribunal de Cuentas, la ejecución de las obras finalizó con retraso respecto de la fecha prevista en la adjudicación: "El retraso medio fue de 89 días, muy significativo, puesto que el plazo medio de ejecución de las obras fue de 169 días".

FINANCIACIÓN DE LOS CARTELES

   En cuanto a los carteles anunciadores del Plan E, que causaron polémica en aquel momento, el informe explica que las entidades locales estaban obligadas a la instalación de los mismos y en el 91 por ciento de los proyectos incluyeron entre las obligaciones del contratista asumir el coste. Así, subraya que únicamente en un 9 por ciento de los proyectos el gasto correspondiente a los carteles fue asumido directamente por la entidad local.  

  Según el Tribunal de Cuentas, el coste medio de los carteles costeados por las empresas adjudicatarias ascendió a 1.199,50 euros, siendo el precio medio de los carteles abonados por las entidades locales muy similar, 1.188,56 euros.  

  En su último apartado, el informe concluye que las entidades locales ejecutaron los 30.698 proyectos financiados por el Fondo durante los ejercicios de 2009 y 2010, y en algunos casos en 2011, así como que no es necesario hacer ninguna recomendación específica, ya que la aplicación de este mecanismo de financiación "ya está finalizada".  

  Únicamente, el Tribunal de Cuentas insta las entidades locales que ejecutaron inversiones que actualmente no se encuentran en funcionamiento a "poner a disposición del uso público estas instalaciones".