Ello permitirá cruzar los datos de cada viajero con las bases de datos europeas, incluidas las del sistema de libre circulación Schengen, las de Interpol y las de otras agencias, para comprobar si la persona utiliza documentos de viaje falsos o robados o si representa una amenaza para el orden público.

La nueva norma ha sido respaldada por los Veintiocho en una reunión de embajadores ante la EU, pero requiere aún del respaldo formal a nivel de ministros y de la Eurocámara para su entrada en vigor.

La Unión Europea acordó reforzar los controles en su frontera exterior tras los atentados en París de noviembre de 2015, y ya algunos países realizan una vigilancia sistemática sobre quienes transitan su frontera. Sin embargo, sólo ahora se hará "obligatorio" ese control sobre todos los viajeros, incluidos los que tienen derecho a la libre circulación.

"Los terroristas no respetan las fronteras nacionales, por lo que los controles sistemáticos en la frontera exterior son una forma clave para evitar que vengan a la UE, pero también para que no viajen a zonas de conflicto", dijo el comisario de Seguridad, Julian King, tras cerrarse el principio de acuerdo el pasado lunes.

El ministro de Interior eslovaco y presidente de turno de la UE, Robert Kalinak, ha destacado, por su parte, que los controles a cada viajero son una respuesta "importante" por el aumento de la amenaza terrorista, en especial contra los "combatientes extranjeros", aquellos europeos que viajan a Siria e Irak para ser formados como yihadistas.

La obligación de cumplir esta vigilancia constante se aplicará en todas las fronteras exteriores, ya sean terrestres, marítimas o aéreas, y tanto para quienes entran como para quienes salen de la UE.

Con todo, el bloque ha previsto una serie de precauciones para evitar que los cambios tengan un "impacto desproporcionado" en el nivel de tránsito. Así, los Estados miembros podrán decidir realizar en las fronteras terrestres y marítimas un control "selectivo" sobre las personas con derecho a la libre circulación en momentos de fuerte presión en el tránsito, siempre que una evaluación de riesgo certifique que ello no aumentará la amenaza sobre la seguridad interior, las relaciones con países terceros o una amenaza para la salud pública.

En el caso de los aeropuertos, también se contempla una salvaguarda, pero esta será temporal. Las autoridades podrán recurrir a controles selectivos y no sistemáticos durante un periodo limitado de seis meses (prorrogables a 18 meses en situaciones excepcionales), si necesitan ese tiempo adicional para adaptarse a las exigencias de infraestructura y logística que exige la nueva norma.