El bloque, que discutirá Venezuela de manera informal durante el almuerzo, amenazó a Caracas con tomar "medidas apropiadas" el pasado jueves al considerar que la retirada de la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, --tras ser inhabilitado para cargos públicos durante 15 años-- perjudica "una salida política a la crisis" y solo llevará a "una mayor polarización y escalada de las tensiones en el país", además de ser "una violación de la Constitución".

Los Veintiocho constatan una mayor represión sobre el terreno --el jefe de gabinete de Guaidó también fue detenido, así como varios periodistas--, mientras la situación de la población también se ha deteriorado tras los apagones eléctricos. El 25 por ciento de la población venezolana necesita ayuda alimentaria y el desabastecimiento de medicinas se agudiza.

El bloque está preocupado además de que Venezuela se convierta en un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Rusia tras el envío de Moscú de aviones con material y personal militar ruso a Venezuela, algo que "agravaría la crisis" e insiste en la necesidad de no instrumentalizar la ayuda humanitaria en Venezuela.

"Lamentablemente el estancamiento político continúa, con un aumento de las tensiones", ha resumido una fuente de alto nivel europea, que ha admitido algún resultado para mejorar el suministro de ayuda humanitaria --a través de un mecanismo coordinado por la ONU con el Comité Internacional de la Cruz Roja y Cáritas-- pero "menos avances" para lograr que Caracas acepte elecciones presidenciales anticipadas, "la única manera de salir" de la crisis.

Reino Unido y Países Bajos se encuentran entre los países que piden más firmeza con el Gobierno de Maduro frente a Italia, Grecia, Chipre y Eslovaquia, los únicos cuyos Gobiernos no han reconocido a Guaidó como "presidente encargado" para organizar nuevas elecciones presidenciales, que Maduro rechaza de plano.

Países como Francia y España entienden que las sanciones pueden ser necesarias si hay un nuevo deterioro sobre el terreno como sería la detención de Guaidó o si se constata que no se ha avanzado nada para crear las condiciones para celebrar nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías pasado el plazo de 90 días que se dio el grupo de contacto internacional sobre Venezuela abanderado por la UE.

"Si nada avanza tendremos que mirar otras opciones, incluidas las sanciones individuales", algo que hay que dejar "bien claro" a las autoridades venezolanas, han explicado fuentes diplomáticas. "No es lo que deseamos por ahora, hay que seguir dando una oportunidad a la diplomacia", han precisado, dejando claro que los Veintiocho todavía no han empezado a trabajar en "nombres".

"ACELERAR" EL TRABAJO DEL GRUPO DE CONTACTO

España ve necesario "acelerar" el trabajo del grupo de contacto internacional, cuyo mandato podría ser necesario ampliar, más allá de los 90 días que se marcó para lograr avances, una cuestión que se espera decidir en la próxima reunión ministerial del grupo prevista a principios de mayo en Costa Rica.

"No hay otra alternativa. Hay que seguir trabajando mientras haya perspectivas de algún avance", han explicado fuentes diplomáticas.

Los Veintiocho discutirán si el grupo de trabajo tiene que empezar a trabajar más a nivel político que técnico como hasta ahora y la necesidad de trabajar con el grupo de Lima.

El grupo de contacto internacional, en el que participan España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, por parte europea, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia por parte latinoamericana, condenó en su reciente reunión en Quito la inhabilitación de Guaidó e instó a las autoridades venezolanas a "adoptar pasos concretos" para avanzar hacia nuevas elecciones presidenciales en el país "lo antes posible", una opción que Caracas sigue rechazando de plano.

Para ello, reclamó "una hoja de ruta acordada" para crear las condiciones mínimas, incluido "garantías" para que puedan participar "todos" los candidatos y partidos políticos en las elecciones, una actualización "completa" del registro de votantes y una modificación de la ley electoral para permitir el despliegue de observadores internacionales y ofreció su ayuda técnica.

Los Veintiocho también discutirán el agravamiento de la crisis en Libia ante el avance hacia Trípoli de las fuerzas leales al general Jalifa Haftar y el papel que la Unión Europea podría asumir como "garante" de un acuerdo de paz con los talibán en Afganistán para ayudar a aplicarlo y en apoyo a la desmovilización de combatientes.

Eso sí, fuentes europeas aseguran que ello no implicaría una presencia militar europea y que exigirán garantías de que no se revertirán los avances de los últimos años para mejorar la situación de las mujeres y de las minorías