Los ministros del Interior de los 28 debatirán este martes las cuotas de demandantes de asilo que ha propuesto la Comisión para aliviar la presión que sufren Italia y Grecia por la crisis migratoria en el Mediterráneo sin perspectivas de alcanzar un acuerdo antes del verano, cuando se prevé que el flujo migratorio desde el norte de África, y en particular desde Libia, alcance su máximo.

   Bruselas ha propuesto repartir a un total de 40.000 demandantes de asilo que lleguen a Italia y Grecia entre el resto de Estados miembros mediante un sistema de cuotas obligatorias que se basa en cuatro criterios: la población, el PIB, los esfuerzos pasados y la tasa de paro. A España le ha adjudicado un total de 4.288, mientras que Alemania y Francia son los países con mayor cuota asignada (8.763 y 6.752, respectivamente).

   Sólo los dos países afectados, Italia y Grecia, apoyan sin matices la propuesta del Ejecutivo comunitario, según han informado fuentes europeas. Una decena de países, liderados por Francia y Alemania, aceptan las cuotas obligatorias pero quieren cambiar los criterios de reparto, para que tenga un mayor peso el esfuerzo realizado en el pasado en materia de refugiados.

   Otra decena de países, entre los que se encuentran España, Portugal y los del este, rechazan que las cuotas sean obligatorias y exigen un sistema voluntario, en el que sea cada país el que ofrezca el número de plazas que considere suficiente. Estos países podrían ejercer si lo desean una minoría de bloqueo y acabar vetando la propuesta de Bruselas. El resto de Estados miembros no ha expresado su postura de forma clara hasta ahora. Reino Unido (que está en contra), Irlanda y Dinamarca se benefician de exenciones que les permiten no participar.

   España no sólo exige que el sistema sea voluntario sino que rechaza los criterios propuestos por Bruselas para calcular las cuotas, ya que considera que "no son equilibrados ni justos porque no tienen en cuenta ni el esfuerzo en materia de inmigración y control de fronteras ni la capacidad de integración en las condiciones de crisis económica en que vivimos". Además, avisa de que fijar un sistema de reparto de refugiados permanente y automático como sugiere la Comisión "genera un efecto llamada".

   Ante las fuertes discrepancias entre los Estados miembros, la presidencia letona ha renunciado a tratar de llegar a un acuerdo en la reunión de este martes, como pretendía inicialmente la Comisión para que el reparto entrara en vigor ya en julio, y se ha limitado a organizar un debate entre los ministros para acabar de fijar las posiciones de cada país.

   Las conclusiones de este debate se elevarán al Consejo Europeo del 25 y 26 de junio con el fin de intentar que sean los líderes europeos los que desbloqueen la iniciativa. Los jefes de Estado y de Gobierno ya apoyaron un sistema de cuotas en la cumbre extraordinaria sobre inmigración del 23 de abril, pero pidieron que tuviera carácter voluntario.

   La última ocasión para intentar llegar a algún tipo de compromiso antes del verano en Bruselas será la reunión informal de ministros del Interior, prevista para los días 9 y 10 de julio.