Y se ha remitido a la última actualización del programa de estabilidad, donde la reducción planeada del déficit público entre 2014 y 2017 es de 5,5 puntos del PIB (unos 55.000 millones) y alcanza los 6,4 puntos del PIB en términos de disminución del déficit primario.

   "La culminación del proceso de consolidación fiscal debe seguir siendo un objetivo prioritario de la política económica en España", ha subrayado Linde durante su comparencia en el Congreso para presentar la Memoria Anual del Banco de España.

   Desde su punto de vista, este esfuerzo es "necesario" para mantener la confianza de los agentes económicos, seguir avanzando en la normalización de la financiación y restaurar el margen de maniobra de la política presupuestaria. A su juicio, cumplir los objetivos es "crucial" para contener y reducir la ratio de deuda pública respecto al PIB.

   El gobernador ha advertido de que en un contexto de mejora de las perspectivas económicas es de prever que la reducción del déficit público se vea favorecida por una evolución más positiva de los ingresos impositivos y una reducción de los gastos más ligados al ciclo económico, "en particular las prestaciones por desempleo".

Por ello, entiende que será "deseable" que los esfuerzos de contención de gasto vengan acompañados por un diseño de gastos e ingresos públicos "que ayude a asegurar una mejor contribución del sector público a la actividad económica y a lograr un ajuste de carácter duradero".

AHORRO PARA LA JUBILACIÓN

   Linde ha apuntado que los avances que se han realizado durante 2013 en el terreno de las pensiones han sido "significativos" gracias a las reformas que se han aprobado, y ha destacado que el siguiente paso sería "desarrollar los mecanismos que incrementan el ahorro para la jubilación, de forma que permita complementar en el futuro las pensiones públicas financiadas mediante el sistema de reparto".

Asimismo, ha abogado --siguiendo las conclusiones de la Comisión de Expertos-- por una reforma de los ingresos públicos que subsane problemas como la escasa capacidad recaudatoria, la existencia de tipos impositivos legales elevados "que conviven con tipos efectivos reducidos" y "la presencia de un sesgo hacia la imposición más distorsionadora para el crecimiento económico y el empleo, esto es, la que recae sobre le trabajo y el capital".

   El gobernador ha recordado en este sentido las recomendaciones de la Comisión de Expertos, que muestran la necesidad de aumentar el peso de la imposición indirecta, "que permita acometer reducciones de la imposición sobre el trabajo, en particular de las cotizaciones sociales, y también reducir la imposición sobre las rentas de capital".

   También abogan por la eliminación de bonificaciones, reducciones y exenciones fiscales y avanzar en una mayor neutralidad de los instrumentos de ahorro. "Estas mismas recomendaciones subrayan la importancia de que los cambios impositivos que se introduzcan, además de mejorar la eficiencia, no pongan en riesgo la necesaria consolidación fiscal", ha concluido.