El informe elaborado por la Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer explica que en 2007 y 2008 el Ministerio Público pidió 18 y 19 veces, respectivamente, deducir testimonio contra la mujer inicialmente considerada víctima de malos tratos. Un año después, la cifra ascendió a 25 "con el único objetivo de dar una respuesta certera al artificio" que sostiene la existencia masiva de denuncias falsas.  

  "En 25 ocasiones los fiscales han pedido tal deducción, lo que tampoco significa la realidad de una falsa acusación, sino la existencia de indicios de que pudiera darse tal situación", señala en su informe la Fiscal de Sala, Soledad Cazorla, quien explica que una vez se comunica la incoación de diligencias contra la mujer, se inicia un seguimiento del caso.   

En total, el año pasado la Fiscalía tuvo constancia de cinco casos en los que se investigó el testimonio de la mujer y cuatro de ellos fueron desestimados. Se trata de sucesos registrados en la Fiscalía de Málaga, donde se retiró la acusación contra la imputada por denuncia falsa; en las Fiscalías Provinciales de Soria y Burgos, donde se acordó el sobreseimiento de las actuaciones y en Sevilla, donde fue absuelta otra mujer en mismas circunstancias.  

  El quinto caso fue también instruido por la Fiscalía hispalense, que comunicó a la Fiscal de Sala un auto de fecha 15 de mayo de 2009, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 por el que se archiva la denuncia por malos tratos y en la misma se acuerda la deducción contra la denunciante. La memoria indica que ya se venía haciendo un seguimiento sobre este suceso en el que la mujer ahora figura como imputada.

135.540 DENUNCIAS

   "De lo expuesto relacionándolo con los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial en cuanto al número de denuncias realizadas a lo largo del año 2009, que ascienden a 135.540, las posibles acusaciones falsas comprendieron el 0,0.184 de las presentadas", señala la Fiscalía, con afán de desmentir esa "injustificada postura que no se basa en dato alguno" según la cual, habría muchas más denuncias falsas.   

Asimismo, el informe insta a la reflexión sobre el hecho de que de las 59 mujeres asesinadas el año pasado, 41 no habían presentado denuncia, de forma que "cuarenta y una mujeres sufrieron durante años una situación de maltrato y lo padecieron en silencio, sin trasladar su situación a aquellos que podían protegerlas".

   "Se ha avanzado en los mecanismos de protección, se han forjado nuevos organismos que nos permiten acercarnos al fenómeno, estamos llegando a muchas víctimas, pero estamos dejando en el camino otras muchas que permanecen en silencio. Es el momento de la reflexión, de ahondar en las causas, de conocer en profundidad un fenómeno con aristas ocultas", señala la fiscal.   

En este sentido, pide al Gobierno que se ponga en marcha el proyecto que aprobó el Consejo de Ministros en enero de 2007 para promover un estudio criminológico de los supuestos más graves de violencia de género con el objetivo de mejorar la protección de las víctimas, que "no pudo llevarse a efecto pese a la necesidad de conocer más en profundidad la naturaleza de este singular fenómeno".

46 ASESINOS DE MUJERES CONDENADOS

   Por otra parte, la memoria recoge que a lo largo del año pasado se dictaron 46 sentencias condenatorias por delitos contra la vida de las que 21 lo fueron por asesinato consumado, cinco por asesinato intentado, ocho por homicidio, once por homicidio intentado y uno por homicidio imprudente.  

  De estos procesos, en 31 se aplicó el agravante de parentesco; en dos ocasiones la circunstancia atenuante analógica de trastorno o enfermedad mental o de adicción y en dos ocasiones la atenuante de embriaguez. La Fiscalía explica que "en la generalidad" de los supuestos de condena por delito de asesinato ha sido por concurrir sólo una de las circunstancias agravantes específicas, en la mayoría de las ocasiones la alevosía.   

Por último, la memoria se refiere a las Unidades de Valoración del Riesgo Integral que, según la Ley de Medidas de Protección Integral debieran estar funcionando en todo el territorio nacional, para reiterar que "siguen sin constituirse como tales en el año 2009 en algunas de las provincias españolas y Comunidades Autónomas tales como Ciudad Real, Ávila, Madrid, Baleares, Aragón".