Sami Lushtaku, un antiguo comandante del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA), ha sido declarado culpable de asesinato y condenado a 12 años de prisión. El actual embajador de Kosovo en la vecina Albania, Sylejman Selimi, ha sido condenado a ocho años por abusos contra la población civil. Los dos eran aliados muy cercanos de Thaci, ex capitán general del KLA y actual ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo.

   Otro miembro del Parlamento kosovar, del Partido Democrático de Kosovo (PDK), actualmente en el poder, ha sido condenado a tres años de cárcel, mientras que los ocho acusados restantes enfrentan penas que abarcan desde los tres hasta los siete años de prisión.

   En los dos juicios paralelos, magistrados de la misión de justicia de la Unión Europea han asegurado que se cometieron atrocidades contra civiles kosovares en un campamento dirigido por el KLA, que luchó contra las fuerzas de seguridad de Serbia.

   Los asesinatos de albanokosovares con motivaciones políticas por parte de sus propios familiares eran comunes en la antigua provincia serbia durante la guerra y después de ella, en ocasiones infundados por sospechas de colaboración con Belgrado.

   La misión de los Veintiocho, establecida después de que Kosovo declarase su independencia de Serbia en 2008, tiene que lidiar con casos muy sensibles, en un país donde los excombatientes son vistos como héroes por la lucha de la independencia del Estado.

   Los cargos imputados en los dos juicios también incluyen el asesinato de un agente de Policía serbio y el de un civil albanokosovar al que el KLA acusó de espiar para Serbia, ambos en 1998.

   El veredicto puede dificultar la votación parlamentaria prevista para el próximo viernes para crear un nuevo tribunal kosovar donde juzgar los crímenes de guerra por parte de los albanos. Para ser aprobada, la medida necesita un respaldo mínimo de dos tercios de los parlamentarios, y si finalmente fracasa lo más probable es que la ONU tome el control a través de la creación de un nuevo tribunal.

   Algunos analistas políticos han advertido de que la resolución podría ser rechazada debido a los vínculos entre los 11 acusados y algunos de los miembros del Parlamento.

   Entre 10.000 y 12.000 personas, principalmente albanos, murieron en el último conflicto entre el KLA y las fuerzas leales al por entonces presidente serbio Slobodan Milosevic. Otras 800.000 fueron desplazadas como consecuencia de los enfrentamientos, que terminaron tras una campaña de bombardeos liderada por la OTAN para expulsar a Milosevic de Kosovo, una región de 90 por ciento de mayoría étnica albanesa.