La paradoja de unas generales británicas planteadas en clave de Brexit es que la consecuencia de mayor calado para el futuro de Reino Unido fuera de la Unión Europea ha pasado desapercibida durante la campaña: la transformación de aliados durante más de 40 años en rivales, tanto económicos y comerciales, como en el mapa geopolítico internacional y en la influencia que ambos aspiran a ejercer como prueba testimonial de la superación de su divorcio.

La falta de escrutinio sobre esta reconfiguración estructural favorece a unos conservadores que se juegan la reelección a la carta de 'Materializar el Brexit' ('Get Brexit Done', en inglés), un eslogan que ofrece la trampa de una solución rápida y sencilla a una parálisis que acumula tres años y medio, dos primeros ministros y, con los del jueves, dos procesos electorales en apenas un par de años.

Si la demoscopia acierta, y hasta ahora ha otorgado consistentemente la mayoría absoluta al primer ministro, Boris Johnson, es de esperar que el nuevo parlamento ofrezca vía libre para formalizar la salida de la UE el 31 de enero, permitiendo así al padrino oficial del Brexit dar por cumplida una misión que, sin embargo, no habrá hecho más que pasar a la segunda fase, la que verdaderamente pondrá a prueba las dotes negociadoras de socios que pasan a convertirse en competencia directa.

Frente al mero ensayo general que han supuesto las conversaciones sobre la ruptura, el destino les tiene reservado un antagonismo cuya ferocidad dependerá del grado de divergencia política, regulatoria y económica de la segunda potencia continental en relación a la UE. En Bruselas son conscientes de la inevitable metamorfosis de su vínculo, pero en la campaña británica ha pasado de puntillas, gracias en parte a la dinámica derivada del cortoplacismo electoral.

PRECAUCIÓN EN LA UE

Como consecuencia, la retórica de Johnson de ejecutar el Brexit para poder centrarse en las materias que importan a la ciudadanía contrasta con un realineamiento estratégico piramidal al sur del Canal de la Mancha. La canciller alemana, Angela Merkel, ha venido incidiendo durante meses en la necesidad de extremar la precaución ante quien está a punto de transformarse en un contrincante "en el mismo umbral" del bloque.

El aviso queda justificado en el espíritu mismo del documento firmado en el Consejo Europeo de octubre para desbloquear el proceso, el mismo que llevó al 'premier' a proclamar ante su audiencia doméstica que había logrado lo imposible: que Bruselas reabriese un acuerdo que consideraba "innegociable". Se trata, de hecho, de una de las grandes bazas que utiliza en campaña para vender otro 'desiderátum' actualmente cuestionado, el de que logrará cerrar el nuevo marco de relación antes de final de 2020.

Lo que no cuenta es que la parálisis no se rompió porque hubiese persuadido a la UE, sino porque a esta le convenían los términos. Cuando toque concretarlos, no obstante, Reino Unido tendrá que pagar un precio, ya que frente al alineamiento normativo previsto por su antecesora, Theresa May, el primer ministro desechó la aspiración de la convergencia con el armazón comunitario, con el objetivo de maximizar el potencial de sellar pactos comerciales con terceros.

RENUNCIAS INELUDIBLES

El dilema es complejo, puesto que implicará renuncias que el Gobierno británico no parece, de momento, entender que resultarán ineludibles. Durante la carrera por el Número 10, los conservadores han insistido en que no habrá tarifas, ni cuotas con la UE, pero el negociador jefe comunitario, Michel Barnier, ha avisado ya de que esta ambición dependerá de hasta dónde Londres esté dispuesto a seguir los estándares europeos.

Barnier, quien asumirá la siguiente fase de las conversaciones, ha dejado claro a Reino Unido que su acceso al mercado estará dictado por cuánto respete la legislación laboral, los protocolos en materia ambiental, o las reglas en materia de ayuda estatal. Johnson, por el contrario, ha elevado su órdago y recientemente agitaba el fantasma del proteccionismo, con apelaciones a "comprar británico" y jaleando la autonomía de intervención pública que permitirá el Brexit.

MIRAR A EUROPA O ESTADOS UNIDOS

El primer ministro se halla ante la disyuntiva de presenciar cómo, en el continente, Merkel insta a no caer en la complacencia sobre la futura amenaza británica; mientras que, al otro lado del océano, Donald Trump le recuerda que o rompe íntegramente con la UE, o el cacareado pacto trasantlántico no podrá tener lugar en la extensión que ambos ansiaban.

La lógica numérica recomendaría priorizar el territorio que actualmente absorbe el 50 por ciento de los intercambios comerciales, en lugar del que se lleva apenas el 15 por ciento, pero el Brexit va más allá de pragmatismos y razonamientos deductivos. Apela a la idea de una libertad plena, tanto para decidir vínculos económicos, como para establecer leyes y definir políticas de alto voltaje como el control sobre las fronteras.

ACCESO COMERCIAL POR SOBERANÍA

En la actualidad, Reino Unido disfruta del arreglo comercial más profundo a escala mundial, por lo que cualquier modificación acarreará renuncias y barreras. Al respecto, Johnson ya ha aclarado ya la principal duda de la UE ante la salida británica: qué pretendía, sustituyendo la indeterminación de Theresa May por una admisión sin tapujos de su aspiración por una divergencia que libere a su país de toda injerencia comunitaria.

Este deseo, sin embargo, implica un peaje que, tarde o temprano, Londres deberá aceptar, determinando cuánta importancia otorga a la soberanía, en relación a un acceso más o menos limitado a su socio de referencia, al que sus empresas dedican la mitad de sus ventas en el exterior. Para la UE, mientras, significa maximizar la cautela en las conversaciones, para impedir que Reino Unido obtenga provechosas prebendas, pese a haber rebajado los estándares europeos.

No en vano, una de las ambiciones por excelencia del Brexit es hallar ventajas competitivas donde pueda, de ahí lo complicado de la maniobra para los Veintisiete, que tendrán que calibrar el apetito compartido por mantener intercambios fluidos, sin generar lo que ya se ha dado en conocer como 'Singapur en el Támesis'.

El riesgo de las generales es, por tanto, que ante una potencial mayoría absoluta conservadora, el premier intente capitalizar políticamente lo que se encargaría de retratar como intransigencia de la UE. Johnson podría emplear a su favor la mera normativa comunitaria como excusa para imbuir un giro radical al modelo económico británico, con agresivas apuestas fiscales, una amenaza que demuestra que, comercialmente, Reino Unido y la UE pueden convertirse en incómodos vecinos.

El segundo referéndum pierde fuelle en

campaña y depende del voto táctico para

privar a Johnson de la mayoría

La demanda de un segundo referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea no ha logrado la preeminencia esperada en la campaña de las generales británicas del próximo jueves y su supervivencia ya no depende de su poder de convicción en la calle, sino del improbable fracaso de los conservadores del primer ministro Boris Johnson en su acometida por obtener la mayoría absoluta.

Pese a las ventajas que parecían ofrecer unos comicios en clave de Brexit que, crucialmente, constituyen la última oportunidad para quienes aspiran a revertir el veredicto del 23 de junio de 2016, la viabilidad de una nueva consulta se halla intrínsecamente subordinada al saldo que Johnson recabe este jueves: si obtiene los resultados que los sondeos anticipan para los conservadores, el viaje habrá terminado para las pretensiones de 'People's Vote' ('Voto Popular').

El ansia que en los últimos tres años había logrado reunir a cientos de miles de personas en las sucesivas marchas convocadas por la plataforma ha quedado progresivamente silenciada en la cuenta atrás del 12-D, huérfana de liderazgo ante la tibieza laborista y el paulatino hundimiento de los liberal-demócratas, una formación que preconiza la controvertida revocación automática de la salida.

La resonancia de la apelación directa de Johnson, con un sencillo 'Materialicemos el Brexit', el magnetismo de su consistente superioridad en las encuestas y la perjudicial ambigüedad de la oposición en la materia completan el tríptico que ha condenado el anhelo del segundo plebiscito al ostracismo electoral: mientras el 'premier' ha hilvanado su retórica exclusivamente en torno a la ruptura, Jeremy Corbyn ha intentado desviar al máximo la atención de la misma, consciente de que supone uno de los flancos más vulnerables de su cuestionada misión hacia el Número 10 de Downing Street.

EN TIERRA DE NADIE

Esta polarización de los principales partidos deja a los defensores de la continuidad en tierra de nadie, si bien el declive durante la campaña responde también al descabezamiento precipitado por los serios enfrentamientos que desde hace meses mantienen los promotores de la iniciativa. Sus disputas públicas han menoscabado la causa de la permanencia y una labor que había surgido como movimiento cívico ha sufrido para adaptarse a la realidad de partidos de una contienda electoral.

La fractura estuvo parcialmente originada por visiones estratégicas contrapuestas entre el frente que defendía actuar de inmediato para precipitar un nuevo referéndum y quienes abogaban por simplemente allanar el terreno, a la espera de que las circunstancias fuesen favorables para garantizar una convocatoria que, en última instancia, tendría que amparar el tejido político.

Adicionalmente, los personalismos y la falta de compromiso del Laborismo a favor de continuar en la UE han contribuido a la asfixia de una reivindicación que este jueves afronta el todo o nada: solo si los 'tories' no alcanzan la hegemonía habría una ventana de oportunidad en Westminster, puesto que las fuerzas que respaldan la consulta podrían imponerla como condición para aprobar la ley necesaria para materializar la ruptura.

REFERÉNDUM EN MINORÍA CONSERVADORA

Esta es la tesis que sostiene la compleja operación de voto táctico promovida en todo el país. Más que provocar un cambio de gobierno, su propósito pasa por privar a los conservadores de la mayoría absoluta, una aspiración para la que han tirado de un intrincado entramado digital y una sofisticada ofensiva en las redes sociales para hacer saber a los votantes qué opción elegir en sus respectivas circunscripciones para impedir que Johnson obtenga el único resultado que le valdría para acometer sus planes.

En este caso, el plebiscito ofrecería, con toda probabilidad, la elección entre su propuesta de Brexit o la continuidad en la UE. Dada la adhesión unánime de los candidatos 'tories' al documento firmado con Bruselas el pasado mes de octubre, resulta impensable que abandonar sin acuerdo constituya una alternativa, puesto que incluso los euroescépticos más recalcitrantes de la derecha británica han dado su bendición a la fórmula patrocinada por el líder.

La ventaja de este escenario es que, a diferencia de 2016, la votación podría ser vinculante. Hace tres años y medio, el veredicto tuvo un innegable peso político, pero carecía de validez legal, puesto que lo único esbozado en las urnas era el principio del Brexit, sin hoja de ruta para ejecutarlo. Una consulta que incluyese un documento formal, por el contrario, disfrutaría de una legitimidad irrefutable y, crucialmente, aplacaría al frente anti-UE, que obtendría garantías reglamentarias ante un escenario que, inevitablemente, consideraría una traición.

PLAZOS DE UN PLEBISCITO

No en vano, la posibilidad de que el Laborismo logre formar gobierno semeja remota, de acuerdo con el consenso demoscópico, si bien si Corbyn consigue lo imposible, el referéndum sería una realidad. Así, la oposición ha prometido renegociar el pacto de Johnson y someterlo a votación popular, con la opción de la permanencia como alternativa y, todo ello, en seis meses, un plazo tan ajustado que expertos constitucionales lo han considerado virtualmente inviable.

El mínimo necesario para convocar un plebiscito serían 22 semanas, según The Constitution Unit, un grupo de estudio del University College London que revela la imposibilidad de apurar plazos, debido a la obligación legal de garantizar un cumplido escrutinio de un proceso cuya imparcialidad debe quedar fuera de duda. La mera legislación requeriría de once semanas durante las que habría que resolver cuestiones peliagudas, como la pregunta, quiénes votarían, o qué normas imperarían.

La Comisión Electoral, paralelamente, adquiriría un papel fundamental para asegurar, entre otros factores, que la cuestión a consulta es comprensible para el electorado, una tarea que llevaría hasta doce semanas y que tendría que quedar completada antes de que la Cámara de los Comunes autorizase el referéndum. La campaña, por su parte, duraría diez semanas, de acuerdo con la normativa vigente, incluyendo seis para constituir los bandos oficiales de la contienda, ya que, a diferencia de unas elecciones ordinarias, el protagonismo no sería para partidos políticos establecidos.