Los agentes han allanado las sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de las Investigaciones para la Comunicación (CINCO), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo Las Segovias, la Fundación del Río y Popol Nah. También han registrado los medios de comunicación 'El Confidencial', 'Esta Semana' y 'Esta Noche'.

"Decenas de efectivos de la Policía llegaron a nuestras instalaciones a eso de las 22.40 (hora local) de la noche", ha contado Carlos Fernando Chamorro, que dirige la ONG CINCO y los tres medios de comunicación asaltados, en un vídeo difundido por redes sociales.

"Al principio alegaron que estaban investigando algo relacionado con un asalto a CINCO. Los guardias de seguridad les advirtieron de que tiene otro domicilio", por lo que los policías se fueron pero "regresaron 30 minutos después enardecidos", ha relatado.

Comenzó así un "asalto brutal", de acuerdo con Chamorro. "Botaron puertas, forzaron cerraduras" y se llevaron ordenadores y "toda clase de documentos", tanto personales como de trabajo.

Chamorro ha criticado que los agentes se dirigieran contra los tres medios de comunicación en una supuesta acción contra CINCO porque, a pesar de que él es el responsable de las cuatro entidades, están "absolutamente separadas" desde el punto de vista jurídico.

Las demás ONG han hecho un relato similar. Así, la presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias, Haydée Castillo, ha denunciado la presencia de Policía antimotines y paramilitares, mientras que Popol Na ha asegurado que las madres de los presos políticos que estaban allí fueron golpeadas.

"UN ACTO DELIBERADO PARA MATAR IDEAS"

"Esto ha sido un asalto deliberado que pretende matar ideas (...) pero van a fracasar", ha afirmado. Chamorro ha anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo "para que tutele nuestros derechos a la libertad de prensa, de expresión y de propiedad, que han sido aplastados por un acto dictatorial de Daniel Ortega".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica (OACNUDH) ha condenado los "allanamientos y hostigamientos policiales" y los ha enmarcado en "un patrón de violaciones de las libertades fundamentales de expresión y asociación con serio impacto en todos los demás derechos de los nicaragüenses".

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enviado a un equipo a la redacción de 'El Confidencial' para evaluar los daños sufridos por el medio de comunicación.

"Debe cesar inmediatamente el acoso y la violencia contra ONG, contra defensores de los Derechos Humanos. Solo los regímenes autoritarios restringen derechos fundamentales como el de reunión, asociación y expresión", ha escrito en Twitter el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

CRISIS POLÍTICA

Estas redadas policiales se producen después de que el Congreso de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), haya retirado la personalidad jurídica a un total de nueve ONG a las que acusan de recibir dinero para financiar un supuesto golpe de Estado.

La medida ha sido calificada por organizaciones internacionales como una "venganza" contra las ONG por poner en evidencia las "violaciones contra los Derechos Humanos" que se han producido en el contexto de la crisis política que estalló el pasado mes de abril.

Miles de personas tomaron las calles de Managua y otras ciudades por una polémica reforma de la seguridad social, pero las protestas crecieron rápidamente en número y en demandas hasta reclamar la "democratización" de Nicaragua.

Ortega intentó apaciguar los ánimos revocando la medida y lanzando un diálogo nacional que no dio resultados por la negativa del líder sandinista a convocar elecciones anticipadas. Las próximas presidenciales están previstas para 2020.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 300 personas han muerto desde entonces a causa de la represión de las peores protestas que ha sufrido Ortega en sus quince años de Gobierno.