En su informe 'Panorama Social 2018', la CEPAL ha señalado que la tasa general de pobreza --medida en ingresos-- se mantuvo estable en 2017 tras los aumentos registrados en 2015 y 2016. Sin embargo, ha advertido de que las personas en situación de pobreza extrema han aumentado siguiendo la tendencia observada desde 2015.

En 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30,2 por ciento de la población), de los cuales 62 millones se encontraban en la extrema pobreza (10,2 por ciento de la población, el porcentaje más alto desde 2008).

Según las proyecciones de la Comisión, en 2018 la pobreza bajaría a 29,6 por ciento de la población, lo que equivale a 182 millones de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones de personas (un millón más que en 2017).

"Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema", ha alertado la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, que ha llamado a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.

Al analizar los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.

"Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social", ha explicado la CEPAL. El informe también destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000.

En promedio, alrededor del 40 por ciento de la población ocupada de Latinoamérica recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48,7 por ciento) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9 por ciento). Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60,3 por ciento. "Es preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto", indica la Comisión.

En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50,2 por ciento y 74,4 por ciento respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino (10,4 por ciento) se mantuvo por sobre el de los hombres (7,6 por ciento). Más de la mitad de las mujeres ocupadas (51,8 por ciento) se emplean en sectores de baja productividad y de ellas el 82,2 por ciento no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones.

La baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar: en América Latina el 77 por ciento del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos de las encuestas de uso del tiempo.

"Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la actualidad", concluye el documento.