"La OTAN puede hacer todo tipo de cosas. La clave es si hay voluntad política para hacerlo y una decisión política para contribuir de forma material", ha valorado.

   "Es cierto que tenemos presencia en el Mediterráneo y que, por supuesto, existe la obligación bajo el Derecho Internacional de ayudar a la gente en dificultades. Estamos preparados para hacer más si hay una dirección política", ha agregado.

   Las palabras de Bradshaw han llegado dos días después de que los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE acordaran establecer una misión militar naval para contribuir a desmantelar el modelo de negocio de las redes criminales que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo.

   El bloque regional dejó claro que será necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de las autoridades libias para poder actuar en sus aguas territoriales o para poder deshacerse o inutilizar las embarcaciones utilizadas por las mafias.

   En una primera fase, la misión, bautizada EUNAVFOR MED y dirigida por el contraalmirante italiano Enrico Credendino, "apoyaría la detección y supervisión de las redes de migrantes" a través de la recogida de información y patrullas en alta mar de acuerdo con el Derecho Internacional pero sin necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

   Tampoco la necesitaría para llevar a cabo "el abordaje, inspección, incautación y desvío en alta mar de embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico de personas y el contrabando" de acuerdo con el Derecho Internacional aunque sí se requeriría en el caso de que se hiciera en "aguas territoriales o aguas internas" del estado afectado, es decir Libia o bien contar con su "consentimiento", de acuerdo con el documento para establecer la misión.

   Aunque los Veintiocho evitan expresamente hablar de la posible destrucción de las embarcaciones utilizadas por las mafias, contemplan en una tercera fase "tomar todas las medidas necesarias contra una embarcación o sus activos relacionados" incluido deshaciéndose de ellos o haciéndoles inoperativos "en el territorio de ese país" de acuerdo con las condiciones que se fijen en una resolución del Consejo de la ONU o con el consentimiento del país.

   La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha insistido en que espera que la misión se lance en la próxima reunión de ministros de Exteriores de junio, aunque ha admitido en que se puede "retrasar" dependiendo del proceso de generación de fuerzas y el trabajo para promover una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que autorice la misión.

   También ha insistido en la importancia de implicar a las autoridades libias, no sólo a las autoridades reconocidas de Tobruk, sino también a las de Trípoli y Misrata y los municipios, que pueden ayudar a identificar estas redes.

   Asimismo, ha apostado por reforzar la cooperación en la lucha contra los grupos terroristas con el Estado Islámico, aunque ha dejado claro que frenar su expansión en Libia sólo será posible con un Gobierno de unidad nacional, al tiempo que ha admitido la posibilidad de que parte de las ganancias de las redes que trafican con inmigrantes contribuyan a financiar operaciones terroristas.

   La misión, con un mandato inicial de doce meses, contará con un presupuesto para costes comunes de 11,82 millones que cubrirán los dos meses iniciales para preparar su inicio y el año de mandato formal de la misión.